Jordan Antwi

|Universidad de Emory|5 de febrero de 2026|15

Jordan Antwi (2026). Strategy for Remediating Intellectual Property Challenges in the Pharmaceutical Industry. American Journal of Healthcare Strategy, 4(1).

Conclusiones principales

Se recomiendan las siguientes estrategias para abordar los desafíos de la propiedad intelectual (PI) en la industria farmacéutica:

1. Implementar estándares de patentabilidad más estrictos para prevenir la “renovación perpetua” de patentes y mitigar los riesgos reputacionales asociados con los altos precios de los medicamentos. Al establecer criterios más rigurosos sobre qué constituye una innovación patentable, se puede desincentivar a las compañías farmacéuticas de extender repetidamente la protección de las patentes mediante modificaciones menores. Este enfoque ayuda a reducir la exclusividad prolongada en el mercado, fomentando una mayor competencia y potencialmente disminuyendo los precios de los medicamentos. Además, esta estrategia contribuye a restaurar la confianza pública al demostrar un compromiso con precios justos y prácticas éticas.
2. Separar los incentivos de investigación y desarrollo (I+D) de los altos precios de los medicamentos mediante la imposición de condiciones de acceso en la investigación financiada con fondos públicos para priorizar la asequibilidad. Desvincular los incentivos financieros para la innovación del precio de los medicamentos garantiza que los beneficios de la I+D financiada públicamente sean accesibles para una mayor población. Al exigir que los medicamentos desarrollados con fondos públicos incluyan disposiciones de precios razonables o acceso abierto, la industria puede equilibrar mejor la rentabilidad con la necesidad de que los medicamentos esenciales sean asequibles. Este cambio en la estructura de incentivos también asegura que las inversiones públicas generen beneficios para la salud pública, en lugar de contribuir únicamente a las ganancias corporativas.
3. Acelerar la entrada al mercado de biosimilares y reducir costos mediante la adopción de estrategias de “dependencia de datos sin divulgación” para su aprobación regulatoria. Facilitar el acceso temprano a medicamentos biosimilares puede aumentar la competencia y reducir los costos de atención sanitaria. Al permitir que los organismos reguladores se basen en datos clínicos existentes, sin requerir la divulgación de información propietaria a los competidores, el proceso de aprobación de biosimilares se vuelve más eficiente. Este método evita la duplicación innecesaria de ensayos clínicos, agiliza la disponibilidad de terapias alternativas y reduce los costos de desarrollo, lo que, en última instancia, se traduce en medicamentos más asequibles para los pacientes.

La gestión de la propiedad intelectual (PI) abarca los procesos y estrategias que una empresa utiliza para proteger y potenciar sus activos intelectuales. En la industria farmacéutica, la gestión de la PI puede incluir la supervisión estratégica de la creación de dispositivos médicos, el software utilizado en el proceso de fabricación y las patentes de nuevas formulaciones de medicamentos. Si bien estas prácticas benefician a la industria al incentivar la innovación, fomentar el crecimiento económico y garantizar la seguridad de los medicamentos, también pueden generar diversos inconvenientes. Este artículo, mediante la investigación de los avances en la gestión de la PI farmacéutica, pretende esclarecer las deficiencias actuales de la industria en la investigación y el desarrollo (I+D) de medicamentos, tanto nuevos como existentes, y ofrecer posibles soluciones para que los directivos y responsables políticos del sector sanitario aborden estas desigualdades.

Se resumirán los efectos negativos relacionados con los mencionados anteriormente: (1) los altos precios de los medicamentos, (2) las dificultades para equilibrar la innovación con las necesidades de salud pública y (3) la perjudicial exclusividad de los datos. Las soluciones recomendadas se centrarán en (1) el acceso a los medicamentos, (2) la reorientación de los comportamientos incentivados del sistema de patentes y (3) la promoción de la colaboración mediante el intercambio de conocimientos.

El artículo concluirá subrayando la importancia del perfeccionamiento continuo de las prácticas de gestión de la propiedad intelectual a medida que se disponga de nuevas tecnologías.

Introducción

Las compañías farmacéuticas llevan siglos fabricando medicamentos, con empresas como Merck fundadas ya en 1668. En los inicios de la industria, muchos médicos y farmacéuticos consideraban que patentar medicamentos y usar marcas registradas constituían formas poco éticas de monopolio (Gabriel, 2014). La aplicación poco fiable de la ley y el énfasis en las patentes de proceso, la protección del proceso de fabricación, marcaron este periodo. Términos como » medicamento patentado» de esta época se referían principalmente a remedios con marca registrada, en contraposición a las creaciones patentadas por el gobierno. Con el tiempo, especialmente a principios del siglo XX, la aprobación de regulaciones en Estados Unidos, como la Ley de Alimentos y Medicamentos Puros de 1906, comenzó a poner fin a la era de los remedios no regulados (FDA, 2019). Además, la industrialización de la producción farmacéutica convirtió la gestión formal de la propiedad intelectual en un componente crucial para las empresas del sector. A medida que la fabricación se volvía más compleja y costosa, las compañías farmacéuticas comenzaron a utilizar patentes que iban más allá de las que simplemente protegían el compuesto químico final (patentes de producto). Como resultado, los productos de fabricación específicos utilizados para crear estas sustancias quedaron sujetos a una mayor protección.

Actualmente, la gestión de la propiedad intelectual en la industria farmacéutica abarca una gran cantidad de patentes para productos, procesos, formulaciones y métodos de uso, lo que resulta esencial en la protección de innovaciones que pueden salvar vidas y mejorar la salud pública. Estos componentes de las patentes son fundamentales para mitigar los elevados costes de I+D, que no solo incluyen el desarrollo inicial de un fármaco, sino también la extensa investigación y las pruebas rigurosas necesarias para asegurarse de que los tratamientos sean seguros y eficaces. La gestión a largo plazo de las patentes de un fármaco es crucial, ya que permite a las empresas farmacéuticas maximizar su retorno de inversión mientras se navega por el complejo panorama de las patentes que a menudo presenta desafíos legales y competitivos. Por ejemplo, la propiedad intelectual puede proteger hasta 2600 millones de dólares por fármaco, lo que puede atraer más inversión e impulsar la creación de empleo (FTI Consulting, 2022). Además, también puede fomentar una competencia beneficiosa mediante la creación continua de tratamientos innovadores, contribuyendo así a la salud pública y al bienestar de la población general. Por ejemplo, los inhibidores de puntos de control inmunitario, como el desarrollo de Keytruda por Merck y el de Opdivo por Bristol Myers Squibb, fueron el resultado de una gestión exitosa de la propiedad intelectual que incentivó la inversión en investigación y colaboración entre instituciones. (IFPMA, 2024). Los inhibidores de puntos de control inmunitario son anticuerpos monoclonales que actúan bloqueando las proteínas que impiden que el sistema inmunitario ataque las células cancerosas, ofreciendo así nuevas esperanzas a pacientes que enfrentan diagnósticos difíciles. La sólida protección de patentes sobre los compuestos biológicos específicos dentro de las sustancias permite a las empresas invertir miles de millones de dólares en I+D y ensayos clínicos en varios tipos diferentes de cáncer, lo que en última instancia permite llevar estos tratamientos personalizados contra el cáncer al mercado (Danlong, 2013), beneficiando así tanto a los pacientes como al sistema de salud en su conjunto y reforzando el compromiso de las empresas farmacéuticas hacia la innovación sostenible. Estos procesos no solo destacan la importancia de la propiedad intelectual en la medicina moderna, sino que también subrayan la necesidad de políticas que faciliten la investigación y el desarrollo, asegurando que las innovaciones puedan ser accesibles para aquellos que más las necesitan. En este contexto, es esencial que las empresas colaboren con gobiernos y organizaciones no gubernamentales para crear un entorno propicio para la investigación, distribución y acceso equitativo a los tratamientos, garantizando que la innovación en la salud no sea un privilegio limitado, sino un derecho al que todos puedan aspirar.

Aunque la gestión de la propiedad intelectual genera efectos positivos tanto para las empresas como para los consumidores, también conlleva varios efectos negativos perjudiciales relacionados con los altos precios de los medicamentos, las dificultades para equilibrar la innovación con las necesidades de salud pública y la exclusividad de los datos. Al examinar sus efectos sobre los altos precios de los medicamentos, resulta evidente que el uso de patentes puede incrementar significativamente el precio de venta de un fármaco. Cuando una empresa obtiene los derechos exclusivos para producir y vender un medicamento durante un período determinado, impide que otras empresas produzcan versiones alternativas, lo que reduciría los precios mediante la competencia. Por ejemplo, en 2015, Turing Pharmaceuticals adquirió los derechos del medicamento Deraprim, que salva vidas (Luthra, 2018). Deraprim es un medicamento que se utiliza principalmente para tratar una infección parasitaria llamada toxoplasmosis, una afección que puede ser mortal para personas con sistemas inmunitarios debilitados. Tras la adquisición del medicamento, Turing elevó el precio de 13,50 dólares por pastilla a la considerable suma de 750 dólares por pastilla (Luthra, 2018). Con un aumento de más del 5000%, el tratamiento se volvió inasequible para quienes padecían toxoplasmosis, muchos de ellos pacientes con VIH/SIDA. Algunas compañías farmacéuticas también utilizan estrategias como la «extensión de patentes» para aumentar los precios. Esto implica realizar modificaciones menores a medicamentos existentes y posteriormente patentar dichas modificaciones. De esta manera, las compañías pueden extender sus períodos de exclusividad, retrasando la introducción de versiones alternativas y manteniendo los precios altos (Gibbons et al., 2023). Esta táctica, junto con los aumentos de precio observados con Turing, plantea desafíos operativos para los directivos del sector salud en cuanto a riesgos reputacionales y reacciones negativas del público, ya que la asociación con una atención médica inasequible daña la confianza del consumidor.

Además, en lo que respecta al equilibrio entre la innovación y las necesidades de salud pública, la forma en que se gestiona la propiedad intelectual puede dar lugar a situaciones en las que las decisiones motivadas por el lucro eclipsan las prioridades de salud pública. Se ha demostrado que las compañías farmacéuticas centran sus esfuerzos de I+D en fármacos que les resultan financieramente lucrativos (Taylor, 2015). Esto incluye enfermedades crónicas o afecciones que suelen afectar a poblaciones más numerosas y con mayores recursos económicos. Estas áreas ofrecen un alto retorno de la inversión debido al gran número de pacientes que pueden costear tratamientos y terapias prolongadas. Como resultado, las enfermedades que afectan a poblaciones más pequeñas, sobre todo en zonas de bajos ingresos, reciben menos atención, ya que se consideran menos rentables. Por ejemplo, Pfizer invierte fuertemente en oncología porque los fármacos contra el cáncer se encuentran entre los más rentables del mercado (Constantino, 2024). Esta afección suele requerir un tratamiento a largo plazo, lo que permite que la protección de patentes garantice precios elevados durante años. Por otro lado, la investigación de antibióticos por parte de la compañía se ha reducido a pesar de las necesidades de salud pública mundiales, ya que se administran durante periodos más cortos y, por lo tanto, tienen un retorno de la inversión mucho menor (Mason, 2023). Este problema cobra especial relevancia ahora, ya que ha contribuido a crisis mundiales como la pandemia de COVID-19, donde la priorización de los beneficios económicos, que provocó retrasos en el acceso a los medicamentos en las regiones más pobres, permitió que el virus siguiera circulando y afectara a la sociedad en todo el mundo.

Además de descuidar las necesidades de salud pública, la exclusividad de datos dentro de la industria también presenta algunos inconvenientes. La exclusividad de datos es una forma de protección de la propiedad intelectual que impide a los fabricantes de biosimilares (medicamentos diseñados para tener propiedades activas similares a las de aquellos ya autorizados) utilizar los datos de los ensayos clínicos de un medicamento original durante un número determinado de años. Esto puede retrasar la competencia de biosimilares, ya que las versiones alternativas de un medicamento no pueden ingresar al mercado incluso si las patentes expiran si la exclusividad de datos sigue vigente. Al extender el período de monopolio, esta práctica mantiene la disponibilidad de medicamentos baja mucho después de que las patentes deberían haber permitido la competencia y dificulta el acceso a medicamentos asequibles. Esto es relevante para los responsables de las políticas de salud que deciden cómo se utiliza la licencia obligatoria, ya que puede prevalecer sobre ella. La licencia obligatoria es una herramienta legal que permite a una parte autorizada eludir las patentes en casos de emergencias de salud pública (Van Loy, 2024). Sin embargo, no prevalece sobre la exclusividad de datos en muchas regiones. Por ejemplo, en 2001, Jordania firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Como parte del acuerdo, Jordania promulgó estrictas normas de exclusividad de datos de cinco años para los medicamentos, aplicables independientemente de si un fármaco estaba patentado o no. En consecuencia, los organismos reguladores jordanos tenían prohibido utilizar los datos clínicos de la empresa original para aprobar medicamentos genéricos hasta que expirara el período de exclusividad. Al no poderse repetir los ensayos clínicos, las versiones alternativas del fármaco no podían entrar en el mercado, lo que redujo el acceso y anuló la eficacia de los mecanismos de concesión de licencias obligatorias establecidos por los legisladores (Malian, 2007).

Aplicación de soluciones

Acceso a las drogas

Aunque la gestión de la propiedad intelectual en la industria farmacéutica es fundamental para la innovación de medicamentos, la regulación del mercado y el acceso a largo plazo a los fármacos, sus efectos negativos persisten . Para abordar las desigualdades mencionadas, las empresas pueden adoptar diversas soluciones para combatir de manera responsable estos efectos. Para garantizar que los altos precios de los medicamentos no obstaculicen el acceso a los fármacos esenciales, las empresas pueden reformar las prácticas de patentes relacionadas con la «extensión de patentes» y la transparencia. Como se mencionó anteriormente, las empresas extienden la exclusividad de mercado mediante prácticas como la extensión de patentes, registrando patentes secundarias sobre modificaciones menores de los medicamentos y su uso, lo que mantiene los precios elevados. Unos estándares de patentabilidad más estrictos, que impliquen un umbral más alto tanto para la novedad como para la no obviedad (es decir, no conceder patentes simplemente para modificaciones menores o estratégicas), pueden reducir los períodos de monopolio. Por ejemplo, la sección 3(d) de la Ley de Patentes de la India (1970, modificada en 2005) establece que las nuevas formas de sustancias conocidas solo son patentables si el solicitante demuestra un beneficio clínico significativo (Sohrabji y Maloney, 2020).

La ley se promulgó para actuar como filtro en el proceso de patentes y, en última instancia, proteger el acceso a medicamentos asequibles. Como resultado, los medicamentos contra el cáncer, el VIH/SIDA y la hepatitis tienen precios entre un 70 % y un 90 % más bajos en comparación con los mercados protegidos por patentes (Jishnu, 2015). Desde una perspectiva sistémica, esto puede contribuir positivamente a una mayor calidad de la atención y mejores resultados para los pacientes, un indicador del que los organismos reguladores exigen responsabilidad a los líderes del sector sanitario. Además, en lo que respecta a la transparencia de las patentes, la promoción de sistemas por parte de los directivos del sector sanitario, como el Libro Naranja de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), un recurso fundamental que enumera todas las patentes y su transparencia, podría fomentar la rendición de cuentas en el sector. Una mayor regulación y transparencia de las patentes, en conjunto, facilitan el acceso a los medicamentos.

Reorientación de los incentivos

En segundo lugar, en lo que respecta a los desafíos para equilibrar la innovación con las necesidades de salud pública, la separación de los incentivos para la I+D de los altos precios de los medicamentos puede ayudar a garantizar un posible retorno de la inversión sin sacrificar las necesidades del público. Actualmente, la innovación se recompensa mediante la creación de monopolios temporales que generan altos precios de los medicamentos y, a su vez, proporcionan una fuente de financiación para la inversión en I+D. Esto crea un problema estructural en el que los pacientes pagan por la innovación mucho después de que se hayan recuperado los costos de I+D, lo que además resulta en una empresa centrada en enfermedades rentables. Mediante mecanismos de remediación clave, como la financiación pública de la I+D con condiciones de acceso, las necesidades de salud pública pueden seguir siendo una prioridad. Centrándonos en la financiación de la I+D, los gobiernos actualmente financian una gran parte de la investigación de medicamentos a través de medios como el Instituto Nacional de la Salud (NIH), las asociaciones público-privadas y las universidades (Sampat, 2011). Esta financiación es esencial para el trabajo fundamental del que dependen las empresas privadas. Los medicamentos que se derivan de este proceso suelen estar patentados en exclusiva y tener precios a niveles de monopolio.

Como resultado, el público paga dos veces (impuestos que financian la I+D y precios altos de los medicamentos). Una forma de combatir esto es que el público reciba derechos exigibles cuando el dinero público financie la I+D de medicamentos. Esto se puede lograr mediante la implementación de condiciones de acceso, que son obligaciones legales impuestas a los receptores de fondos públicos para I+D para garantizar la asequibilidad y la competencia (Taubman, 2004). Una condición relevante puede incluir condiciones de precios razonables donde se requiere que el medicamento se venda a un precio justo. A través de este marco, los topes de precios están vinculados a la rentabilidad, la negociación con los pagadores gubernamentales es obligatoria y existen sanciones por precios excesivos, lo que esencialmente previene precios innecesarios cuando los fondos públicos ya han recuperado la inversión en I+D. Para los ejecutivos de atención médica, la recuperación innecesaria de I+D puede llevar a la cancelación de otros programas, ya que las organizaciones deben pagar más para adquirir un medicamento. A través del método de prevención mencionado, el liderazgo puede controlar de manera sostenible los costos presupuestarios sin dejar de centrarse en la innovación. Un ejemplo de este funcionamiento se puede observar en el Programa de Tratamiento Anticipado de Mercado (AMC) de la vacuna neumocócica de 2009, donde las empresas aceptaron condiciones de asequibilidad y aun así obtuvieron beneficios, lo que demuestra aún más que las necesidades de salud pública y el beneficio pueden ir de la mano (Gavi, 2025).

Colaboración del conocimiento

Por último, la prohibición del uso compartido de datos de ensayos clínicos mediante la exclusividad de datos perjudica a los consumidores, ya que retrasa la competencia de los biosimilares, lo que inevitablemente mantiene los precios de los medicamentos elevados durante periodos más prolongados. Para contrarrestar este efecto, se puede implementar la dependencia de datos sin divulgación. Mediante este proceso, un organismo regulador de medicamentos se basaría en los datos de ensayos clínicos existentes para aprobar otro producto sin cederlos a un competidor para su uso comercial. Esto permite que los datos se mantengan confidenciales, conserva la propiedad en manos del creador original, evita la repetición de ensayos clínicos y permite que los pacientes accedan antes a medicamentos importantes. Esto es fundamental para mejorar los estándares de exclusividad de datos, ya que los ensayos clínicos son costosos y, éticamente, solo deberían repetirse si es absolutamente necesario. Además, al no ser necesario recrear los ensayos clínicos, los medicamentos llegan al mercado más rápido y las empresas no tienen que cobrar tanto debido a la reducción de los costes de desarrollo (Sachdeva, 2024). Por ejemplo, gracias a la confianza en los datos sin divulgación, un estudio titulado « Miles de millones en ahorros en atención médica logrados mediante acuerdos tempranos sobre genéricos y biosimilares» reveló que estos medicamentos ingresaron al mercado un promedio de 64 meses antes del vencimiento de la patente original (Jeremias, 2025). Se informó que se ahorraron aproximadamente 1100 millones de dólares en 2023 gracias a esta práctica, que resultó en el lanzamiento temprano de un medicamento genérico para la esclerosis múltiple. Para beneficio de los líderes del sector salud, el lanzamiento temprano de medicamentos puede diferenciar a las organizaciones de sus competidores, lo que potencialmente conduce a futuras asociaciones y oportunidades de inversión. Al permitir una revisión regulatoria continua por parte de los gobiernos y no de las organizaciones, como se mencionó anteriormente, los competidores no obtienen acceso a los datos. Una analogía para la solución presentada sería el siguiente escenario: si imaginamos que un profesor ya conoce la respuesta correcta a un problema y un segundo estudiante demuestra que obtuvo la respuesta de forma independiente, el profesor usaría su conocimiento para calificar al estudiante sin revelar nada. Con este sistema implementado, se pueden satisfacer las necesidades de salud pública, facilitar el acceso a los medicamentos y fomentar una competencia beneficiosa en el sector.

Barreras y limitaciones recurrentes

Si bien es posible reformar la gestión de la propiedad intelectual en la industria farmacéutica con las medidas necesarias, persisten diversas barreras legales, económicas y políticas para su consecución. En primer lugar, las regulaciones de propiedad intelectual están integradas en acuerdos internacionales como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y la cláusula ADPIC-plus. El ADPIC es un acuerdo jurídico internacional de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que establece los estándares mínimos de protección de la propiedad intelectual que deben cumplir los países miembros de la OMC, incluyendo la concesión de patentes farmacéuticas por un período mínimo de 20 años (Organización Mundial del Comercio, 2025). Las cláusulas ADPIC-plus son normas que van más allá de lo que exige el ADPIC y suelen incluir la exclusividad de datos, la exclusividad de mercado y plazos de patente más largos (Chen et al., 2013). Algunos estudios predicen que el uso de ADPIC-plus puede provocar retrasos en la comercialización de genéricos, aumentos significativos de precios y una reducción del acceso a los medicamentos (Chen et al., 2013). Desde el punto de vista económico, las empresas y los inversores se oponen firmemente a las reformas de la propiedad intelectual que reducen la exclusividad de los productos, ya que esto se percibe como una amenaza para los modelos de ingresos. Por ejemplo, Humira de Abbvie se convirtió en uno de los medicamentos más vendidos de la historia gracias a la continua renovación de patentes y a su dependencia de más de 100 patentes relacionadas con Humira (Gibbons et al., 2023). Este ejemplo en particular es fundamental para comprender las persistentes barreras económicas, ya que demuestra que la exclusividad puede extenderse sin nuevos avances terapéuticos, lo que conlleva un retraso en la competencia de los genéricos y precios elevados. En el ámbito político, los legisladores que pueden influir en una regulación más estricta tienen un fuerte incentivo para mantener el statu quo. Entre los grupos de presión, las compañías farmacéuticas se encuentran entre los más poderosos e influyen en las políticas mediante donaciones a campañas políticas, cabildeo ante legisladores y reguladores, y la prestación de asesoramiento técnico. Por ejemplo, las compañías farmacéuticas, a través de grupos como PhRMA, se sitúan sistemáticamente entre los principales invertidos en cabildeo y contribuyen a que la narrativa en torno a la reforma se perciba como contraria a la innovación (Accountable US, 2024). La PhRMA, en particular, ha gastado más de 105 millones de dólares en actividades de cabildeo contra la Ley de Reducción de la Inflación, la Ley Elijah E. Cummings para la Reducción de los Costos de los Medicamentos y la Ley de Negociación de Precios de Medicamentos Recetados de Medicare de 2019 (Accountable US, 2024). Los esfuerzos por frenar la reforma por vías legales, económicas y políticas contribuyen a ralentizar el cambio dentro de la industria.

Conclusión

Dadas las implicaciones reales de las barreras mencionadas, quienes apoyan una reforma de la propiedad intelectual (PI) verdadera y sostenible deben llegar a un punto intermedio con las empresas en cuestión, ya que su influencia es fundamental en todas las etapas del proceso de reforma. Equilibrar los incentivos de lucro con un mayor acceso a los medicamentos, reorientar los comportamientos incentivados del sistema de patentes y ampliar la exclusividad de los datos requiere múltiples estrategias institucionales en lugar de una solución única. A medida que avanza el debate sobre la reforma de la PI, las nuevas tecnologías emergentes pueden contribuir a mejorar la transparencia, la eficiencia, el acceso y la confianza entre todos los actores involucrados en el proceso. Por ejemplo, la inteligencia artificial (IA) puede detectar con mayor eficacia las patentes de «renovación perpetua», reduciendo las barreras administrativas para la reforma, lo cual es crucial en un entorno donde la innovación y el desarrollo de medicamentos deben ir de la mano con el acceso a los mismos (DrugPatentWatch, 2025). Las principales oficinas de patentes, como la Oficina Europea de Patentes (EPO), utilizan estos sistemas avanzados para ayudar a los examinadores de patentes, en particular, en el proceso de identificación de formulaciones existentes similares a nuevas solicitudes, optimizando así la evaluación de tales patentes y promoviendo un sistema de propiedad intelectual más justo y eficiente (EuropeanPatentOffice, 2025). Agilizar y optimizar la investigación jurídica mejora el proceso de reforma, ya que dificulta que las empresas obtengan la aprobación de patentes débiles o de «renovación perpetua», lo que podría resultar en una reducción significativa de trivialidades en los procedimientos de patentes, creando un sistema más robusto y equitativo. Esto es importante en la actualidad, dado que otra tecnología emergente que está impulsando el cambio en la industria es la cadena de bloques (blockchain), un tipo de tecnología de registro distribuido reconocida por su capacidad para garantizar la integridad y la transparencia de la información. La cadena de bloques registra información en una base de datos compartida y segura entre múltiples usuarios, lo que reduce significativamente el riesgo de errores y fraudes. Una vez que se agregan los datos, es difícil modificarlos, lo que la hace eficiente para la transparencia y la coordinación, problemas recurrentes en la gestión de la propiedad intelectual. Al clarificar las condiciones de las licencias a través de tecnologías de registro distribuido, los gobiernos, los investigadores y los fabricantes de genéricos tienen mayor capacidad para comprender quién posee qué y en qué condiciones, facilitando así un acceso más equitativo a los medicamentos. Una de las implementaciones más tangibles de la cadena de bloques en la industria farmacéutica es la red MediLeger. Este grupo incluye, entre otros, distribuidores como Pfizer, McKesson y Cardinal Health (Gaynor et al., 2024), lo que resalta la colaboración esencial entre distintos actores del sector. Un estudio piloto sobre MediLeger demostró que la cadena de bloques es viable para el seguimiento de medicamentos, al tiempo que garantiza la privacidad de los datos, un factor importante para muchas compañías farmacéuticas que buscan adaptarse a un entorno cada vez más regulado y sensible a la privacidad (Mendes, 2024). Con las recomendaciones sugeridas para mejorar las prácticas de propiedad intelectual, incluyendo la implementación efectiva de estas nuevas tecnologías y la consideración de las barreras a superar, los resultados negativos de la industria actual pueden avanzar hacia una remediación intencional, beneficiando simultáneamente al liderazgo en el sector de la salud y promoviendo un futuro más sostenible y accesible para todos.