Adolfo Rubinstein ∙Elías Mossialos b
Este análisis efectuado por Adolfo Rubinstein, que fue Ministro de salud e integrante del prestigioso sistema de IECS, el Dr Mossialos. Su investigación se centra en los sistemas y políticas de salud, explorando temas como las estrategias de transformación de las organizaciones sanitarias, la regulación sanitaria, el acceso a la atención médica, la calidad de la atención médica, la financiación de la salud, las políticas farmacéuticas, los resultados de los pacientes, la resistencia a los antimicrobianos (RAM), la salud digital y la atención y las políticas oncológicas. El profesor Mossialos ha creado un incentivo conocido como el Mercado de Opciones para Antibióticos, inspirado en las opciones financieras de compra. Además, ha ideado un mecanismo de titulización financiera que implica la agrupación y reorganización de la deuda. Este mecanismo busca mejorar la viabilidad de la implementación de rentas vitalicias a largo plazo basadas en el rendimiento para financiar terapias celulares y génicas dirigidas a enfermedades raras.
Desarrollan un analisis A partir de la elección de Javier Milei como presidente en 2023, Argentina experimentó un giro radical hacia el libertarismo, especialmente en el ámbito de la salud pública. Las reformas implementadas incluyeron recortes drásticos al presupuesto federal de salud, la apertura de la competencia entre aseguradoras privadas y planes de seguro social, y la reducción de programas clave como vacunación, VIH, medicamentos esenciales y prevención del cáncer. Además, se anunció la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, aunque su avance se vio frenado por la oposición internacional.
Milei justificó estos cambios bajo la premisa de que la atención médica es responsabilidad de las provincias, debilitando el rol federal y los mecanismos de redistribución y solidaridad histórica del sistema. El retiro de Argentina de la OMS y la respuesta insuficiente ante emergencias sanitarias, como el brote de dengue y el escándalo de fentanilo contaminado, resaltaron las consecuencias de la austeridad y el repliegue estatal.
Si bien las reformas pretendían mejorar la eficiencia y la calidad, han generado preocupación por el aumento de la desigualdad, el deterioro de resultados en salud y la vulnerabilidad de poblaciones marginadas. El enfoque libertario privilegia la austeridad y la libertad individual por sobre la intervención estatal, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad y el impacto social a largo plazo de estas políticas.
En noviembre de 2023, Argentina eligió presidente a Javier Milei, economista libertario y autodenominado anarcocapitalista, lo que marcó un cambio político drástico. Milei obtuvo el apoyo de más de la mitad de la población —en particular, de los votantes jóvenes, de bajos ingresos y marginados—, quienes expresaron su frustración por el declive económico y las limitadas oportunidades de progreso social individual. Con el mensaje de que «no hay más dinero», Milei prometió recortes drásticos al presupuesto público, al tiempo que presentaba al Estado como un obstáculo y a la justicia distributiva como perjudicial. En su discurso de Davos de 2025, Milei condenó el progresismo como destructivo, haciéndose eco de la retórica de la administración del presidente estadounidense Donald Trump .
Este cambio político representó un cambio radical para una sociedad desilusionada con cuatro décadas de gobernanza democrática desde 1983. Argentina, que hace un siglo se encontraba entre las diez principales economías del mundo por PIB per cápita, ahora se encuentra considerablemente rezagada respecto a otras economías. La ideología libertaria de Milei —opuesta a la redistribución y la cooperación multilateral— pronto se centró en el sistema de salud, buscando transformar no solo los presupuestos y las instituciones, sino también el papel fundamental del gobierno en la prestación de la atención médica.
Argentina es un país de ingresos medios-altos con aproximadamente 46 millones de habitantes: una población predominantemente urbana donde las enfermedades no transmisibles representan más del 70% de la carga de morbilidad.<sup> 3</sup> El sistema de salud tiene un buen desempeño en los principales indicadores regionales, pero su desempeño es inferior al esperado en relación con la capacidad económica del país. Argentina actualmente destina el 10% del PIB a la atención médica —una de las tasas más altas de América Latina—, con un gasto público que representa el 6,14% del PIB y costos de bolsillo relativamente bajos, del 22,4% del gasto total en salud. <sup>4,5</sup>
Sin embargo, persisten desigualdades dramáticas a pesar de la inversión sustancial. El gasto público en salud per cápita varía seis veces entre provincias, lo que genera marcadas disparidades en materia de salud. 4 Las tasas de mortalidad infantil difieren el doble entre las provincias ricas y pobres del país, mientras que la mortalidad materna y la mortalidad por cáncer de cuello uterino muestran variaciones de ocho veces. 6 Estas disparidades ponen de relieve la incapacidad del sistema de salud para traducir el gasto en resultados equitativos.
Tras aproximadamente 18 meses en la presidencia de Milei, su administración ha implementado varias reformas importantes en las políticas de salud. El cambio más sustancial reestructuró el sistema de seguridad social de Argentina, que cubre a más de la mitad de la población, al permitir que las aseguradoras privadas compitan directamente con los planes de seguro social. Los funcionarios enmarcaron esta reforma como una mejora en la calidad de la atención y la capacidad de respuesta de los usuarios y pacientes. 7 Sin embargo, esta reestructuración conlleva riesgos sustanciales para la equidad. Algunas otras reformas de salud impulsadas por el mercado en América Latina, como las de Chile y Colombia a finales del siglo XX, mejoraron la eficiencia de sus sistemas de atención médica, pero a costa de aumentar la inequidad. 8 La reforma podría aumentar la segmentación del riesgo y la estratificación basada en el ingreso, lo que podría socavar los mecanismos de subsidio cruzado y erosionar los principios de solidaridad que históricamente han definido el sistema de salud de Argentina.
Una segunda reforma anunciada —la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias para orientar las decisiones de cobertura y financiación de tecnologías de alto costo— se ha estancado desde su anuncio en marzo de 2025, enfrentando la oposición de los actores farmacéuticos internacionales debido a sus temores de perder el acceso al mercado de medicamentos innovadores.10
La cobertura de salud en Argentina funciona a través de un sistema mixto: el 60% de la población recibe seguro social de salud, mientras que el 40% de la población (principalmente los quintiles más pobres) depende únicamente de la cobertura pública, que está en gran medida descentralizada hacia los gobiernos provinciales. 6
La administración de Milei implementó reducciones sustanciales del presupuesto federal de salud, argumentando que la atención médica es constitucionalmente una responsabilidad subnacional, no un mandato federal. 4 Este enfoque debilitó el papel pro equidad del Ministerio de Salud y redujo las transferencias financieras cruciales a las provincias. A pesar de las altas tasas de inflación en las últimas décadas, el presupuesto del Ministerio de Salud, que representa un tercio del gasto total del sector público, disminuyó un 13% en términos de dólares estadounidenses en 2024-25. 11 Aunque el Gobierno citó ganancias de eficiencia, estos recortes afectaron gravemente a programas e instituciones clave: de 2024 a 2025, los programas de VIH se redujeron en un 38%, los programas de vacunación se redujeron en un 7% y la cobertura de medicamentos esenciales se redujo en un 67%. 11 El Gobierno también desmanteló el Instituto Nacional del Cáncer y recortó los programas de prevención del cáncer en un 47%. 11 Se produjeron retrocesos adicionales en la salud sexual y reproductiva. El Gobierno detuvo la adquisición nacional de suministros esenciales para la salud reproductiva, 12 incluidos el misoprostol y la mifepristona, lo que limitó el acceso a estos medicamentos en un país donde el aborto se legalizó en 2020. Los recortes presupuestarios también perjudicaron los programas comunitarios de salud mental, mientras que la financiación pública para la investigación sanitaria disminuyó sustancialmente.13
Argentina también anunció su retiro de la OMS, alegando soberanía sanitaria y criticando la respuesta de la OMS a la pandemia, haciéndose eco de la postura de la administración Trump. Si bien reivindica su membresía continua en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), esta decisión excluiría a Argentina de los sistemas de vigilancia de enfermedades de la OMS, los mecanismos de preparación para pandemias, los acuerdos de adquisición conjunta y los debates más amplios sobre gobernanza sanitaria mundial. 14 El manejo de las emergencias agudas de salud pública por parte de la administración ya ha suscitado inquietud. En 2023-24, durante el peor brote de dengue de la historia de Argentina (583 297 casos y 419 muertes), el Gobierno retrasó las campañas de concienciación pública y se resistió a incorporar la vacuna contra el virus del dengue al calendario nacional de vacunación. 15 Esta reticencia reflejó una postura ideológica más amplia contra el gasto en salud pública preventiva y la coordinación centralizada.
Estas decisiones han suscitado la preocupación de algunas organizaciones de la sociedad civil, legisladores, instituciones académicas y asociaciones profesionales, que advierten sobre los posibles efectos en el acceso a la salud. Se están llevando a cabo intervenciones judiciales y debates en el Congreso para restablecer los servicios de VIH y la financiación de instituciones como el Hospital Nacional de Niños. 16
En agosto de 2025, estalló un escándalo después de que el fentanilo contaminado distribuido a hospitales se vinculara con casi 100 muertes. 17 Se han planteado preguntas sobre la supervisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Dispositivos Médicos (ANMAT, el organismo regulador de medicamentos del Ministerio de Salud) en relación con este tema 17-19 —lo que ilustra, en nuestra opinión, las consecuencias del repliegue del Estado de las funciones esenciales y los límites de la austeridad.
El sistema de salud argentino requería reformas para abordar las persistentes inequidades e ineficiencias. Sin embargo, el enfoque actual plantea interrogantes fundamentales sobre la estrategia de implementación del país. Los recortes presupuestarios indiscriminados, combinados con una reestructuración orientada al mercado, podrían exacerbar los problemas subyacentes en lugar de resolverlos. Una reforma eficaz requiere intervenciones focalizadas que fortalezcan, en lugar de debilitar, los mecanismos de subsidios cruzados y la mancomunación de riesgos, promoviendo la redistribución de fondos de los más ricos a los más pobres, de los sanos a los enfermos y de los jóvenes a los mayores.
Si bien es prematuro realizar una evaluación integral de las políticas sanitarias de Milei, estas indican un profundo cambio ideológico que privilegia la austeridad, reduce las responsabilidades federales en materia de salud y se aleja de la redistribución, alejándose de las arraigadas tradiciones sanitarias de Argentina. Estas reformas suscitan preocupación por el empeoramiento de los resultados y las desigualdades en materia de salud, en particular para las poblaciones vulnerables. La presentación por parte del Gobierno de estas medidas como una defensa de la libertad frente a la intervención estatal corre el riesgo de socavar los cimientos colectivos de la salud pública. Los próximos años serán cruciales para monitorear los cambios de política, las impugnaciones legales y los cambios mensurables en el acceso y los resultados en materia de salud, así como la sostenibilidad política de este enfoque libertario de la gobernanza sanitaria: uno que maneja una motosierra en lugar de un bistur
