Tomado en parte de un artículo de Clemens Martin Auer

Introducción

Europa atraviesa una época de profundos cambios políticos y económicos, donde factores externos obligan a los gobiernos a incrementar sustancialmente los presupuestos públicos destinados a defensa y a combatir la crisis climática. Estos desafíos, sumados al impacto de la automatización impulsada por la inteligencia artificial en la economía y al envejecimiento demográfico, inciden directamente en la financiación sostenible de los sistemas solidarios europeos.

La urgencia de repensar el contrato social que ha sustentado las sociedades europeas desde la Segunda Guerra Mundial se hace cada vez más evidente. El consenso político de posguerra, basado en la creación de justicia social mediante marcos legales de estados de bienestar y la implementación de impuestos progresivos, ha permitido que la justicia social se consolide como una responsabilidad estatal, no solo como un llamado moral.

El Estado de Bienestar y la Justicia Social

El estado de bienestar europeo transformó los derechos sociales en derechos codificados en áreas como la salud, las pensiones, el apoyo familiar, la educación y el seguro de desempleo.

El Código de Seguridad Social es el mecanismo central para garantizar la igualdad de acceso y participación en la prosperidad, así como en la lucha contra la pobreza.

El gasto público actual, cercano al 50% del PIB en salud, pensiones, educación y otros pagos de transferencia, junto con impuestos progresivos y contribuciones a la seguridad social, refleja la voluntad política de redistribuir activos e ingresos en favor de la justicia social.

Este es el núcleo del contrato social europeo: la integración social y política basada en el principio de que quienes no pueden contribuir a la prosperidad aún conservan el derecho legal a participar en ella.

Desafíos Actuales a la Solidaridad

El principio de solidaridad enfrenta hoy el reto del aumento dinámico del gasto público. Líderes europeos advierten que, si bien la inversión en salud y pensiones es prioritaria, es indispensable reforzar también la defensa para salvaguardar la seguridad y libertad del continente.

Garantizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente la cobertura sanitaria universal y el cuidado de larga duración, se vuelve esencial para redefinir la justicia en un nuevo contrato social. Cumplir con las nuevas tareas estatales —clima, descarbonización, migración, defensa— requiere un cambio de paradigma en la política fiscal y social.

Por un lado, se necesita ampliar la base impositiva sobre ingresos y riqueza en toda la UE, armonizando los rangos de tipos impositivos. Por otro lado, la globalización y digitalización exigen un marco fiscal multilateral capaz de gravar actividades económicas transnacionales, especialmente los servicios digitales, para evitar la externalización de costos sociales y ecológicos por parte de grandes actores tecnológicos.

Inteligencia Artificial y el Contrato Social

Un aspecto clave que suele pasar desapercibido es que la financiación de los sistemas de solidaridad, especialmente los de salud, depende principalmente de impuestos y gravámenes sobre el trabajo y el empleo. Aunque existen diferencias en la organización, la base sigue siendo gravar las rentas del trabajo, como salarios y pensiones.

Este modelo ha funcionado en economías con amplia clase media, pero está amenazado por el estancamiento de los ingresos laborales frente al crecimiento de los ingresos de capital y por la desindustrialización que reduce empleos bien remunerados.

El envejecimiento poblacional, además, implica una reducción de la fuerza laboral, afectando la base de financiación de la seguridad social.

El mayor desafío es la digitalización y la inteligencia artificial, que pueden transformar radicalmente el mercado laboral. A diferencia de la máquina de vapor, que multiplicó el rendimiento humano y permitió el desarrollo de sistemas de solidaridad, la IA tiene el potencial de reemplazar completamente el trabajo humano, reduciendo la base de financiación de estos sistemas.

La automatización puede generar beneficios de productividad y nuevas oportunidades de empleo, especialmente en sectores tecnológicos y científicos, pero también intensificar la brecha entre educados y no educados, así como incrementar la desigualdad de ingresos.

Expertos prevén que en los próximos años la IA alcanzará niveles de competencia muy superiores, desplazando incluso a profesionales altamente calificados.

Esto plantea una pregunta existencial: ¿Es posible mantener la justicia social y la participación económica en la era de la IA? La sostenibilidad de los sistemas solidarios depende de replantear su base financiera, más allá del trabajo humano.

Solidaridad y Competitividad en la UE

La Comisión Europea ha señalado dos tareas principales: asegurar la competitividad geopolítica frente a Estados Unidos y China, y superar el estancamiento económico.

Para ello, se requiere un aumento significativo de la productividad y una inversión anual adicional equivalente al 5% del PIB en digitalización, descarbonización, defensa y seguridad económica.

El modelo europeo debe garantizar que el crecimiento de la productividad vaya acompañado de inclusión social. Sin crecimiento económico, no se sostendrán los sistemas de solidaridad, ni se podrá prevenir la crisis climática ni fortalecer la educación y la salud.

La política debe priorizar la reforma de la base imponible, sustituyendo los ingresos fiscales estancados por nuevas fuentes derivadas de la digitalización y la automatización. Se requieren acuerdos fiscales multilaterales para garantizar la equidad tributaria ante el auge de la economía digital y los sistemas automatizados, contrarrestando las presiones geopolíticas y los costos de la desigualdad tecnológica.

El Desafío Político y Social

El auge del populismo político tanto de derecha como de izquierda refleja la inseguridad social generada por las innovaciones tecnológicas. Un debate serio sobre el contrato social como equilibrio humano frente a la innovación impulsada por el capital es crucial para proteger el estado democrático liberal y evitar tanto el autoritarismo como las oligarquías empresariales.