Pip: Hay temas que los sistemas sanitarios llevan décadas mirando de reojo, esperando que alguien más tome la decisión primero. La eutanasia es uno de ellos.
Mara: Hoy repasamos un análisis comparado de saludbydiaz sobre legislaciones de eutanasia en Europa y América Latina: qué dicen las leyes, qué muestran los datos y qué puede aprender un sistema sanitario de otro. Empecemos con el mapa completo de políticas.
Eutanasia: qué dice la ley y qué dicen los datos
Pip: El documento arranca con una pregunta de fondo: cuando varios países llevan más de veinte años aplicando leyes de eutanasia, ¿qué ha pasado realmente? La pregunta no es filosófica sino empírica, y el análisis la trata como tal.
Mara: El punto de partida es conceptual. El texto distingue con precisión entre eutanasia activa directa, suicidio médicamente asistido, eutanasia pasiva y sedación paliativa profunda, porque, como señala el documento, «la distinción entre estas modalidades no es meramente académica: tiene implicaciones jurídicas, morales y políticas directas.»
Pip: Y esa depuración terminológica importa porque buena parte del debate público lleva décadas mezclando cosas distintas en el mismo saco, lo que no ayuda a nadie a pensar con claridad.
Mara: Los Países Bajos son el laboratorio de referencia. Su ley entró en vigor en abril de 2002, pero el proceso fue anterior: desde 1985 los tribunales absolvían a médicos que actuaban bajo criterios elaborados por la Asociación Médica Real Neerlandesa. En 2024 se registraron 9.958 notificaciones, el 5,8% de todas las muertes del país. El perfil mayoritario son pacientes oncológicos de edad avanzada, aunque el espectro se ha ampliado: 219 casos por trastornos mentales graves y 54 eutanasias en pareja ese mismo año.
Mara: Bélgica aprobó su ley semanas después que los Países Bajos. En 2023 notificó 3.423 muertes por eutanasia, el 3,1% del total, con un rasgo diferencial relevante: en 2002 aprobó simultáneamente una ley de cuidados paliativos universales, reconociendo expresamente que ambas políticas son complementarias, no opuestas.
Pip: Luxemburgo añade un episodio que merece atención: cuando el Gran Duque se negó a sancionar la ley aprobada por el Parlamento en 2009, el Parlamento respondió modificando la Constitución para privar al monarca de cualquier poder de veto. La autonomía democrática frente a la objeción institucional, resuelta con bastante determinación.
Mara: España aprobó la Ley Orgánica 3/2021 en junio de ese año. El procedimiento es por fases: dos solicitudes firmadas, período de reflexión de quince días, médico consultor independiente y revisión previa por la Comisión de Garantía y Evaluación autonómica. Desde la entrada en vigor hasta diciembre de 2024 se registraron 2.432 solicitudes, con 929 solo en 2024. Aun así, las eutanasias españolas representan menos del 0,1% de los fallecimientos, muy lejos del porcentaje neerlandés tras un período equivalente.
Pip: El análisis señala varios factores para esa diferencia: estadio temprano de implementación, cultura médica todavía reticente, barreras procedimentales. Y uno estructural: la objeción de conciencia mal gestionada puede convertirse en barrera de acceso cuando la tasa de objetores supera el 40% en algunas comunidades autónomas.
Mara: Uruguay cierra el mapa comparado. El 23 de mayo de 2026 realizó la primera eutanasia legal de su historia: una mujer de 69 años con cáncer de páncreas en fase avanzada, que había iniciado el proceso formal en enero de ese año. El colectivo Empatía Uruguay destacó el rigor del proceso como señal positiva para el futuro de la norma.
Pip: Uruguay llega a esta ley con un contexto muy específico: fue el primer país del mundo en legalizar la marihuana recreativa, el primero de la región en aprobar el matrimonio igualitario, y tiene el laicismo institucional más consolidado de América Latina. No es casualidad que sea también el primero en legalizar la eutanasia por vía legislativa específica en la región.
Mara: El documento subraya esa distinción: a diferencia de Colombia, que lo hizo por sentencia judicial en 1997, o Ecuador por vía constitucional en 2023, la ley uruguaya tiene mayor estabilidad jurídica y legitimidad democrática. Y su diseño es deliberadamente más restrictivo que el español o el belga, ciñéndose a la fase terminal y excluyendo el sufrimiento psíquico aislado, como elección consciente de precaución en la primera etapa.
Pip: El análisis también examina los países nórdicos, que han tomado un camino diferente: no han legalizado la eutanasia activa, pero han desarrollado marcos robustos de eutanasia pasiva y cuidados paliativos avanzados. En ese contexto, la demanda de eutanasia activa es cuantitativamente menor, lo que el documento no presenta como argumento contra la eutanasia activa, sino como variable a entender.
Mara: Sobre el argumento de la pendiente resbaladiza, el texto es preciso: los criterios sí se han expandido en Países Bajos y Bélgica con el tiempo, mediante procedimientos democráticos formales. Pero los estudios empíricos no han documentado presiones sistemáticas sobre pacientes vulnerables en ninguno de los países analizados. La expansión por coherencia de principios es distinta del abuso del sistema.
Pip: Y en materia de benchmarking, el documento propone algo concreto: no copiar modelos, sino aprender de dimensiones específicas. De los Países Bajos, el sistema de comités de evaluación y la cultura de notificación universal. De Bélgica, la ley simultánea de cuidados paliativos. De España, el procedimiento garantista por fases. De Uruguay, la gradualidad prudente en la primera etapa.
Mara: La cita que resume esa lógica es del European Observatory on Health Systems and Policies: «El benchmarking en salud pública no es un concurso de quién tiene el mejor sistema: es una conversación estructurada entre sistemas sobre qué funciona, en qué condiciones y a qué costo, para que cada uno pueda mejorar informadamente desde su propia realidad.»
Pip: Una conversación que, según los datos, lleva más de cuarenta años en marcha y todavía tiene mucho que decir.
Mara: Lo que queda claro es que la pregunta ya no es si regular, sino cómo hacerlo con garantías reales de acceso y protección.
Pip: Y que la transparencia estadística no es un complemento del sistema: es, según el análisis, su condición de posibilidad a largo plazo.
