Instituciones, políticas de Estado y el país que les dejamos a nuestros hijos
Dr. Carlos Alberto Díaz · saludbydiaz · octubre de 2026
El hoy que les deberemos mañana a nuestros hijos
Un país no se mide por lo que promete, sino por lo que es capaz de sostener cuando cambia el gobierno. Esa es la diferencia entre una política de gobierno y una política de Estado: la primera dura un mandato; la segunda atraviesa generaciones. No hacemos nada pensando en el futuro, el futuro esta ligado al bienestar económico de los que intervienen en el gobierno.
Los argentinos exigimos, con razón, cosas muy simples, nada rebuscadas, conseguir trabajo formal, salud y educación de calidad. Pero lo exigimos como quien reclama un derecho ya pagado, sin asumir que esas tres cosas son el resultado de décadas de esfuerzo, ahorro, reglas estables y acuerdos que nadie rompe al día siguiente de ganar una elección. Pretendemos el resultado sin el esfuerzo.
La pregunta de fondo es simple y, sin embargo, incómoda: ¿qué estamos haciendo hoy para que nuestros hijos vivan mejor que nosotros? Y si no sabemos cómo hacerlo, ¿por qué no miramos a quienes sí lo hicieron? Uruguay, Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, Escosia. El primero, a un río de distancia.
Uruguay: el país que decidió ponerse de acuerdo
Uruguay alterna gobiernos de signo distinto y, sin embargo, no reinicia el país en cada mandato. Desde 2005 gobernó el Frente Amplio, en 2020 asumió una coalición encabezada por el Partido Nacional y en 2025 volvió el Frente Amplio. Las grandes reformas sobrevivieron a todos.
Esa continuidad no es casualidad: es una cultura política. Se discute con dureza, se vota, y lo votado se respeta. El péndulo existe, pero oscila dentro de un marco que nadie pretende demoler. Hay seguridad jurídica, una justicia electoral confiable y una clase política que entendió que el futuro se construye acordando qué se va a hacer, y no destruyendo lo que hizo el otro.
La salud como política de Estado. En 2007 la Ley 18.211 creó el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), financiado por un seguro nacional (FONASA) que integra prestadores públicos y mutuales privadas bajo reglas comunes. El Fondo Nacional de Recursos, creado en 1980, financia la alta complejidad desde hace más de cuatro décadas, con protocolos y evaluación de resultados, atravesando dictadura, democracia y alternancias. Los gobiernos ajustaron prestaciones y metas asistenciales, pero no desarmaron el sistema.
Datos para decidir. La Historia Clínica Electrónica Nacional, impulsada por el programa Salud.uy, permite que la información del paciente lo acompañe entre prestadores. Sin datos no hay gestión, ni equidad medible, ni rendición de cuentas.
Educación e igualdad de oportunidades. El Plan Ceibal, lanzado en 2007, entregó una computadora a cada niño de la escuela pública y conectividad a cada escuela. Lo que empezó como un programa de un gobierno es hoy una institución que ningún sucesor se animó a cerrar.
Derechos debatidos, no impuestos. La interrupción voluntaria del embarazo (2012), la regulación del cannabis (2013) y la ley de muerte digna se discutieron años, con posiciones encontradas dentro de cada partido. La eutanasia fue impulsada por un diputado colorado en 2020, quedó trabada en el Senado en 2022 y se aprobó en octubre de 2025 con 20 votos sobre 31, con apoyos del oficialismo y de la oposición; el presidente Orsi la reglamentó en 2026. Se puede estar a favor o en contra de cada una de estas leyes; lo admirable es el método: deliberación, mayoría, reglamentación y respeto.
Profesión y carrera. El Sindicato Médico del Uruguay no se limitó a reclamar salarios: fue interlocutor del diseño del trabajo médico, de los cargos de alta dedicación y de una carrera que vale tanto en el sector público como en el privado. Un gremio que sostiene a la profesión, no sólo a sus afiliados.
Los resultados: indicadores que mejoraron
La reforma sanitaria uruguaya no es un relato: se puede medir. En sus primeros quince años transformó cobertura, financiamiento y resultados maternoinfantiles.
| Indicador | Al inicio del SNIS | Dato reciente |
| Cobertura de la población | 95% protegida (2008) | Prácticamente 100% |
| Gasto de bolsillo en el financiamiento | Peso alto antes de FONASA | Alrededor del 6% del total |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 10,6 (2009) | 6,6 en 2017 (mínimo histórico); 6,5 en 2024 (preliminar) |
| Mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) | 20 (2005) | 10 (2024) |
Fuentes: Aran y Laca (2011); MSP, Estadísticas Vitales 2024 y comunicado 2018; Montevideo Portal (2025); iProfesional (2026).
Hay tres mecanismos detrás de esos números.
Primero, un fondo único: el FONASA reúne los aportes y paga a cada prestador una cápita ajustada por edad y sexo, de modo que la cobertura acompaña a la persona y no a su empleo; quien queda desempleado la conserva.
Segundo, las metas asistenciales: una parte del pago depende de cumplir objetivos de control del embarazo, del niño sano y de las enfermedades crónicas.
Tercero, un reaseguro de alta complejidad con protocolos y auditoría de resultados, que evita que el cáncer o la diálisis quiebren a una familia o a una mutual.
El sistema fijó además Objetivos Sanitarios Nacionales con metas medibles: la fecundidad adolescente cayó a un tercio en pocos años, combinando educación sexual con acceso a implantes subdérmicos. No todo es lineal: en 2023 la mortalidad infantil repuntó, se abrió un debate público entre exautoridades y el ministerio, y en 2024 volvió a bajar. Lo notable es que la discusión se dio con datos oficiales publicados, no con cifras escondidas.
Nueva Zelanda y Australia: países agroexportadores que eligieron reglas
No hace falta mirar a Escandinavia. Nueva Zelanda y Australia son, como nosotros, países lejanos, de base agropecuaria y con grandes extensiones de tierra. La diferencia no está en la naturaleza: está en las instituciones. Nueva Zelanda fue pionera en dar independencia a su banco central con metas de inflación (1989) y en obligar por ley a los gobiernos a rendir cuentas fiscales (1994). Australia sostiene desde 1984 un seguro universal de salud, Medicare, y desde 1992 un ahorro previsional obligatorio; laboristas y liberales discuten sus parámetros, pero ninguno los confisca.
Y ante la sequía, Australia hizo lo que nosotros no: un plan de cuenca. El Plan de la Cuenca Murray-Darling (2012) ordena el uso del agua entre estados, productores y ambiente con reglas que trascienden gobiernos. Es exactamente la clase de política que nuestra pampa húmeda reclama.
Nueva Zelanda: un sistema de salud que se reforma sin demolerse
Nueva Zelanda construyó su sistema por capas a lo largo de casi un siglo. Cada gobierno agregó o reorganizó, pero las piezas que funcionaban quedaron.
- 1938, la base universal. La Ley de Seguridad Social creó uno de los primeros sistemas de salud financiados con impuestos generales del mundo.
- 1974, la compensación sin culpa. La Accident Compensation Corporation (ACC) cubre a cualquier persona lesionada, incluidos los daños por tratamiento médico, sin necesidad de probar negligencia. Al separar la indemnización de la culpa reduce la medicina defensiva y facilita que se reporten errores.
- 1993, comprar medicamentos con criterio. PHARMAC decide qué medicamentos financia el Estado según beneficio y costo, y negocia precios como comprador único. Una revisión independiente de 2022 concluyó que el modelo sigue siendo sólido. Lleva más de treinta años y gobiernos de ambos signos.
- 2022, una sola red nacional. La Ley Pae Ora reemplazó a las 20 juntas de salud de distrito por una agencia nacional, Health New Zealand, con un Plan Nacional de Salud y la obligación de informar su desempeño contra ese plan.
La alternancia se nota y también sus límites: el gobierno de coalición disolvió en 2024 la Autoridad de Salud Maorí creada por la reforma, pero conservó la estructura nacional unificada. Se discute el cómo; no se vuelve a fojas cero.
Australia: formar médicos donde se los necesita
Australia tiene un problema parecido al nuestro: los médicos se concentran en las grandes ciudades y faltan en el interior. La diferencia es que lo trató como política de Estado durante más de dos décadas, con evaluación de resultados.
- Formar en el territorio. Las Escuelas Clínicas Rurales, financiadas por el gobierno federal, obligan a las facultades a reservar vacantes para estudiantes de origen rural y a que muchos cursen al menos un año de práctica clínica fuera de las capitales. Los médicos tienden a ejercer cerca de donde se formaron.
- El generalista rural como especialidad. La Vía Nacional del Generalista Rural forma profesionales con competencias ampliadas (obstetricia, anestesia, emergencias) en redes de formación de la propia región. En Victoria, sus egresados superaron los parámetros nacionales de radicación con seguimiento de hasta nueve años.
- Medir qué funciona. En Australia del Sur y Occidental (2010-2016), los egresados de la vía rural de medicina general tenían 2,3 veces más probabilidad de ejercer en zonas rurales.
- Corregir lo que no funciona. Las becas con obligación de servicio rural garantizan presencia durante el período exigido pero retienen poco después; la propia asociación de estudiantes pidió reasignar esos fondos a prácticas rurales prolongadas. La política se ajusta con evidencia, no se abandona.
La Argentina del cinismo
Entre nosotros, demasiados de quienes nos gobernaron hicieron del cinismo un método y de la destrucción de las instituciones una meta. Cada gestión llega para refundar, no para continuar; para desmentir lo anterior, no para mejorarlo.
Hemos dilapidado el esfuerzo de otros: el ahorro de los jubilados, el trabajo del productor, la inversión de quien creyó en un contrato. Hemos distribuido lo que no había, con emisión, deuda o default, y luego nos sorprendimos de la inflación y la pobreza. Nos hicieron vivir una falacia: la de creer que lo tenemos todo. Tenemos tierra, agua, energía, talento y universidades. Lo que no tenemos es lo más importante: instituciones que duren y una cultura que valore el trabajo como fuente de dignidad y no como castigo.
Las políticas que faltan
La crítica no puede quedarse en el lamento. Conviene nombrar, una por una, las políticas de Estado que la Argentina no tiene o que tiene sólo en el papel.
| Área | Lo que falta en la Argentina | Lo que hicieron otros |
| Sistema de salud | Un sistema fragmentado en subsector público, cientos de obras sociales, PAMI y prepagas, con 24 jurisdicciones que no comparten reglas ni fondos. | Uruguay: fondo único, cápita ajustada y metas asistenciales comunes. |
| Evaluación de tecnologías | Una agencia con fuerza legal que decida qué se financia; la cobertura la terminan definiendo los amparos judiciales. | Nueva Zelanda: PHARMAC, más de treinta años comprando con criterio. |
| Datos de salud | Una historia clínica única e interoperable; la ley federal de informatización de historias clínicas (Ley 27.706, 2023) avanza a ritmo desigual. | Uruguay: Historia Clínica Electrónica Nacional. |
| Recurso humano | Planificación territorial de facultades y residencias; vacantes de medicina general y especialidades críticas sin cubrir, concentración en grandes ciudades. | Australia: escuelas clínicas rurales y generalismo rural evaluado. |
| Carrera profesional | Una carrera hospitalaria que reconozca dedicación, formación y desempeño; multiempleo y honorarios atrasados. | Uruguay: cargos de alta dedicación acordados con el gremio médico. |
| Daño y responsabilidad | Un régimen de compensación que descomprima la judicialización y la medicina defensiva. | Nueva Zelanda: ACC, compensación sin culpa desde 1974. |
| Trabajo formal | Reglas que hagan más barato contratar en blanco; más de cuatro de cada diez trabajadores siguen en la informalidad. | Australia: ahorro previsional obligatorio ligado al empleo formal. |
| Estadísticas y moneda | Estadísticas públicas creíbles de manera sostenida y una moneda que no se use como impuesto; la intervención del INDEC dejó una década de datos en duda. | Nueva Zelanda: banco central independiente y responsabilidad fiscal por ley. |
| Agua e infraestructura | Un plan hidráulico nacional; los planes maestros como el de la cuenca del Salado avanzan al ritmo de cada gestión. | Australia: Plan de la Cuenca Murray-Darling. |
En salud lo vemos todos los días quienes gestionamos instituciones: historias clínicas que no viajan con el paciente, reglas que cambian por decreto, prestadores que sobreviven sin saber qué les pagarán el mes próximo, aranceles que corren detrás de la inflación y financiadores que trasladan el ajuste a la demora. El paciente lo paga en listas de espera ocultas y en gasto de bolsillo. No es sólo falta de recursos: es falta de acuerdo sobre cómo usarlos y de instituciones que custodien ese acuerdo.
En educación, la ley de financiamiento que fijó una meta del 6% del PBI se cumplió pocos años y luego se olvidó; las evaluaciones de aprendizaje se publican, se lamentan y no cambian nada. En trabajo, cada reforma laboral es un campo de batalla y ninguna es una política. Y en todas las áreas se repite el mismo patrón: el funcionario que llega desarma lo que hizo el anterior, aunque funcionara, porque reconocerlo tendría un costo político.
El campo, el agua y los caminos que no hicimos
La Argentina tiene una obligación que excede sus fronteras: producir alimentos para millones de seres humanos. Y, sin embargo, trata a su principal riqueza como una caja de la que se extrae sin reinvertir.
Cada ciclo repite la misma escena: sequía que destruye cosechas, luego inundaciones que anegan los mismos campos. No existe un plan hidráulico nacional que ordene cuencas, canales, reservorios y drenajes con horizonte de treinta años.
Podríamos exportar mucho más de lo que exportamos, y agregar valor en origen. Pero para eso la producción tiene que llegar a los puertos: rutas, ferrocarriles de carga, hidrovía, logística y energía. La infraestructura es el sistema circulatorio de un país; sin ella, el músculo productivo se atrofia. Y se necesitan incentivos estables: nadie invierte a veinte años cuando las reglas cambian cada veinte meses.
¿Cuándo empezamos?
Imitar no es copiar. Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, una geografía más homogénea y un Estado unitario; también tiene sus deudas en seguridad, desigualdad territorial y en el costo creciente de su sistema. Nadie propone trasplantar leyes. Lo que se puede imitar es el método: acordar pocas cosas y sostenerlas.
| Un pacto mínimo para las próximas generaciones 1. Instituciones: independencia de la justicia, de los organismos de control y de las estadísticas públicas. 2. Reglas fiscales: no distribuir lo que no se produce; rendición de cuentas por ley. 3. Trabajo formal: un régimen que haga más barato contratar en blanco que en negro. 4. Salud y educación: un sistema de salud integrado con historia clínica única, agencia de evaluación de tecnologías, carrera profesional y financiamiento previsible; una escuela que mida y mejore aprendizajes. 5. Infraestructura y agua: un plan hidráulico y logístico a treinta años, con financiamiento asegurado y metas públicas. |
Nada de esto se logra sin esfuerzo. Exigir derechos sin asumir deberes es otra forma de la falacia. La pregunta no es si podemos parecernos a Uruguay, Nueva Zelanda o Australia: es si estamos dispuestos a hacer hoy el trabajo incómodo cuyo fruto no veremos nosotros, sino nuestros hijos.
¿Cuándo empezaremos a imitar a Uruguay? El día en que entendamos que la grandeza de un país no se declama: se acuerda, se respeta y se hereda.
Bibliografía
Acemoglu, D. y Robinson, J. A. (2012). Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Barcelona: Deusto.
North, D. C. (1990). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México: Fondo de Cultura Económica.
Aran, D. y Laca, H. (2011). Sistema de salud de Uruguay. Salud Pública de México, 53(supl. 2), S265-S274. https://scielosp.org/pdf/spm/2011.v53suppl2/s265-s274/es
República Oriental del Uruguay. Ley 18.211 de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (2007).
República Oriental del Uruguay. Ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo (2012).
República Oriental del Uruguay. Ley 19.172 de regulación y control del cannabis (2013).
Ministerio de Salud Pública de Uruguay (2025). Estadísticas Vitales 2024. Datos preliminares. https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica
Ministerio de Salud Pública de Uruguay (2018). Baja embarazo adolescente y mortalidad infantil alcanza mínimo histórico. https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica
Montevideo Portal (2025). Día histórico: la eutanasia fue aprobada en Uruguay, tras votación en el Senado. https://www.montevideo.com.uy
Montevideo Portal (2025). Uruguay reduce muertes maternas en 2024 y lidera cifras en la región. https://www.montevideo.com.uy
iProfesional (2026). Uruguay sancionó la primera ley de eutanasia de América Latina. https://www.iprofesional.com
iProfesional (2026). Uruguay: ¿cómo son sus sistemas de atención y financiamiento sanitario? https://www.iprofesional.com
La Voz de San Justo (2026). Uruguay: entra en vigencia la ley de eutanasia. https://www.lavozdesanjusto.com.ar
Accident Compensation Corporation. Our history. https://www.acc.co.nz/about-us/who-we-are/our-history/
Pharmac (2022). Interim response to outcomes of the Pharmac Review. https://www.pharmac.govt.nz
New Zealand. Pae Ora (Healthy Futures) Act 2022. https://legislation.govt.nz/act/public/2022/30
New Zealand. Reserve Bank of New Zealand Act 1989; Fiscal Responsibility Act 1994.
Commonwealth of Australia. Water Act 2007 y Murray–Darling Basin Plan (2012).
Senate of Australia, Community Affairs References Committee (2012). The factors affecting the supply of health services and medical professionals in rural areas. https://aph.gov.au
Outcomes of rural generalist internship training in Victoria, Australia (2023). Rural and Remote Health. https://doaj.org/article/a6f4354718ef4ee6a494afa1da4c7aee
GPEx (2023). Graduate Tracking Study, South Australia and Western Australia 2010-2016. https://gpex.com.au
Australian Medical Students’ Association (2023). Bonded Medical Schemes. https://amsa.org.au
República Argentina. Ley 27.706, Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas (2023).
República Argentina. Ley 26.075 de Financiamiento Educativo (2005).
