Un contenido sistémico con un mecanismo de cumplimiento individual


Ilustración. La ley ilumina al profesional junto a la cama; las condiciones de la organización quedan en penumbra. Ilustración original para saludbydiaz.
Dr. Carlos Alberto Díaz
La Ley 27.797 de Calidad y Seguridad Sanitaria, la Ley Nicolás, nació del dolor de una familia y de una demanda social legítima: que el sistema de salud deje de dañar a quienes debe cuidar. Nadie que trabaje en calidad puede estar en contra de sus objetivos. Este posteo no discute los objetivos; discute el diseño jurídico con que la ley pretende alcanzarlos.
La pregunta es incómoda: ¿la ley distribuye las cargas de manera coherente con lo que sabemos sobre cómo se produce el daño? La ciencia de la seguridad lleva más de dos décadas mostrando que el daño evitable emerge de las condiciones en que trabajan los equipos —dotación, turnos, recursos, diseño de los procesos, cultura— más que de la falla individual aislada. Una ley coherente con ese conocimiento debería poner el peso principal en la organización. La Ley Nicolás hace lo contrario en un punto decisivo. Y conviene recordar que no habla solo de cirugía: alcanza a la guardia, la internación, la sala de partos, la farmacia, el laboratorio, las imágenes, la salud mental y la consulta ambulatoria. El quirófano es aquí el laboratorio para ponerla a prueba, no su único escenario.
| La tesis La Ley Nicolás declara la cultura justa, pero solo hace exigibles y públicas las consecuencias que recaen sobre los profesionales. Ordena protocolos sin proteger a quien los aplica ni obligar a quien debe proveer los recursos. Crea un registro de eventos centinela sin protección jurídica de la información. Y mira el daño del error, pero no el de la intervención innecesaria. Sin correcciones en la reglamentación, puede aumentar la conflictividad del sistema en lugar de reducir el daño. |
1. Una ley con dos velocidades
El artículo 7 es el corazón institucional de la ley. Obliga a las instituciones a dotarse de protocolos, auditoría de indicadores, autoevaluación para la certificación, vigilancia de infecciones, registro no punitivo de incidentes, dotación suficiente, turnos que eviten el agotamiento, protección frente a la violencia y tiempos protegidos remunerados para capacitación. Es un catálogo moderno, coherente con la ciencia de la seguridad.
El problema aparece cuando se busca qué pasa si una institución no cumple. La respuesta es: nada que la ley establezca. No hay régimen de infracciones para las instituciones sin dotación suficiente, que impongan guardias extenuantes, que no den tiempo protegido o que no notifiquen al registro de eventos centinela. El artículo 8 encarga a las autoridades «promover la adecuación». Promover no es exigir. Los profesionales, en cambio, quedan sujetos a mecanismos concretos y públicos: sus sanciones disciplinarias y su verificación periódica de aptitud se informan al REFEPS y son de acceso público, y las instituciones solo pueden trabajar con profesionales verificados.

Figura 1. La asimetría de consecuencias en la Ley 27.797. Elaboración propia sobre el texto legal.
Sería injusto decir que el contenido de la ley es antiprofesional: la dotación, los turnos, la protección frente a la violencia, la reasignación de tareas ante una limitación psicofísica y, sobre todo, la cultura justa protegen al trabajador. El sesgo no está en lo que la ley dice sino en lo que hace exigible. Las protecciones al profesional dependen de que la institución las cumpla, y la institución no tiene consecuencias si no lo hace.
Quien defienda el diseño actual puede argumentar, con razón, que la autorregulación profesional falló; que la revalidación periódica es estándar internacional —el Reino Unido la exige desde 2012—; que la ley es un marco y que las sanciones institucionales corresponden a las jurisdicciones; y que por primera vez la dotación y los turnos son obligaciones legales invocables. Son argumentos serios, pero ninguno resuelve la asimetría. La revalidación británica convive con un regulador de instituciones, la Care Quality Commission, que inspecciona, califica públicamente y puede cerrar servicios. Lo que falta en la Ley Nicolás no es la exigencia a los profesionales sino la simetría.
2. Un derecho que ya individualiza
La ley no modifica el régimen de responsabilidad civil ni penal; se superpone a él. En lo civil, la institución responde de manera objetiva por sus dependientes y tiene una obligación de seguridad, pero en la práctica judicial la vía más transitada para llegar a ella pasa por demostrar la culpa del profesional. La falla organizacional pura —el turno de 36 horas, el insumo que faltó, la cama crítica que no había— es más difícil de probar y se discute menos.
En lo penal, el homicidio y las lesiones culposos castigan a quien causa el daño por imprudencia, negligencia, impericia o «inobservancia de los reglamentos». La responsabilidad es personal: las personas jurídicas no responden por estos delitos. El principio de confianza y la división del trabajo ayudan a ordenar el trabajo en equipo, pero todas las herramientas buscan un individuo. Cuando el evento emerge de condiciones del sistema, el derecho penal no tiene a quién imputar la causa sistémica y termina imputando a quien estaba más cerca del paciente.
| El punto ciego Al obligar a las instituciones a escribir protocolos, la ley multiplica los reglamentos cuya inobservancia puede configurar culpa. Si el protocolo no se pudo cumplir porque faltaban recursos que la institución debía proveer, la causa es institucional, pero la imputación penal sigue siendo individual. Sin un régimen que haga responder a la organización, cada protocolo nuevo es también una nueva vara para medir al profesional. |
La ley pudo dar tres pasos que la literatura internacional recomienda y no los dio: proteger jurídicamente la información de seguridad, crear un sistema de compensación sin culpa y establecer una responsabilidad institucional autónoma por defectos de organización. Sin esas tres piezas, la cultura justa queda como principio declarado en un entorno jurídico que sigue funcionando con lógica de culpa.
3. ¿Qué protege un protocolo?
En el derecho argentino, cumplir un protocolo no funciona como un puerto seguro: el juez valora la conducta en concreto. Pero no cumplirlo sí funciona como un indicio fuerte de culpa. El protocolo es asimétrico: protege poco a quien lo cumple y expone mucho a quien no lo cumple. Eso induce medicina defensiva y cumplimiento formal: se completa la lista para tener la firma, no para hacer la pausa.
| Para quién | Qué protege | Cuándo se vuelve en contra |
| Paciente | Reduce la variabilidad injustificada y asegura pasos críticos. | Cuando se cumple en el papel y no en la práctica: la firma reemplaza a la verificación. |
| Profesional | Demuestra un obrar ajustado a buenas prácticas. | Cuando no pudo cumplirlo por falta de recursos o porque el caso exigía apartarse, y no quedó documentado por qué. |
| Institución | Prueba de organización diligente. | Cuando lo tiene pero no audita su cumplimiento ni provee lo necesario: el documento prueba que conocía el riesgo. |
Para que el protocolo proteja a todos, la reglamentación y las instituciones deberían asegurar cinco condiciones: que liste los recursos que requiere y que la dirección firme que están disponibles; que prevea el desvío clínico justificado y documentado; que se diseñe con quienes lo usan y no para la auditoría; que tenga vigencia, responsable y constancia de capacitación, incluido el personal que rota; y que la institución audite su cumplimiento. Si no mide si sus protocolos se cumplen, no puede alegar que los tenía.
4. Fiscalizar sin capacidad, legislar sin adhesión
La ley descansa sobre autoridades que deben fiscalizar, registrar, verificar y publicar. Pero la habilitación de establecimientos y el control del ejercicio profesional son facultades provinciales; en la mayoría de las provincias la habilitación es un acto inicial que rara vez se revisa. El Programa Nacional de Garantía de Calidad es de adhesión voluntaria desde 1992, y la Superintendencia regula financiadores, no la calidad de los prestadores. La fiscalización de rutina, entendida como inspección periódica con estándares y consecuencias, prácticamente no existe. A eso se suman barreras de salida tan altas que instituciones inviables siguen atendiendo durante años.
El problema federal es estructural: los registros son nacionales, pero sus datos son provinciales, y la ley solo puede invitar a adherir. A noviembre de 2026, según la información pública disponible, solo tres de las veinticuatro jurisdicciones lo hicieron: Chubut, Río Negro y Buenos Aires, que reúnen alrededor del 41 % de la población. Aun en ellas falta designar autoridad de aplicación, fijar infracciones y asignar presupuesto. El riesgo es un registro nacional con datos de unas pocas provincias y un mapa de la seguridad tan fragmentado como el sistema que pretende ordenar.
5. Calidad por ley en emergencia permanente
La ley exige inversión —en dotación, capacitación, simulación, sistemas de información y auditoría— a un sector que vive en emergencia desde hace casi un cuarto de siglo. El Decreto 486 de 2002 debía durar hasta fin de ese año; prorrogado una y otra vez, el Decreto 942/2025 lo extendió hasta el 31 de diciembre de 2026. Una emergencia que dura veinticinco años ya no es una emergencia: es un modo de gobierno. Acorta el horizonte de todas las decisiones: se gestiona la supervivencia del mes, se posterga el mantenimiento, se renuevan los quirófanos cuando se rompen y se cubre la dotación con horas extras y pluriempleo.
En octubre de 2026, más de treinta cámaras de prestadores privados, que según esas entidades concentran el 51 % de los establecimientos con internación y el 56 % de las camas, se declararon en crisis por el atraso de los aranceles. Del lado público, unas 742.000 personas más pasaron a depender exclusivamente de la cobertura estatal entre 2023 y 2025, en hospitales cuyo financiamiento se discute mes a mes.
| La paradoja del Estado El Estado regula como si el sistema estuviera en régimen y paga como si estuviera en emergencia. El mismo Estado que exige dotación suficiente, turnos sin agotamiento y tiempo protegido remunerado es el mayor comprador de servicios —PAMI, obras sociales provinciales, hospitales propios— y quien no actualiza los aranceles ni ejecuta los presupuestos que permitirían cumplirlos. El regulador pide lo que el financiador no paga. |
En un sistema disipativo con déficit crónico de energía, las exigencias de orden se cumplen de manera ceremonial: se escribe el protocolo, se firma la planilla, se dicta el curso, y nada cambia en el quirófano. No es un argumento contra la ley sino a favor de implementarla con gradualidad, prioridades —empezar por lo de alto impacto y bajo costo: la lista de verificación usada como conversación, las reuniones breves de equipo, la notificación no punitiva— y financiamiento.
6. El evento centinela: qué se notifica y con qué riesgo
Aproximadamente uno de cada diez pacientes internados sufre un evento adverso, y entre el 40 % y el 60 % son evitables, según la revisión de de Vries, el estudio español ENEAS y el iberoamericano IBEAS, que incluyó a la Argentina. La ley no fija metas. Sin una meta no hay forma de saber si funciona, y con una meta mal elegida se fabrica el efecto contrario: en los primeros años una buena ley debería producir más notificaciones, no menos. Si el éxito se mide por la caída de los eventos notificados, el indicador se corrompe en el momento mismo en que se lo adopta. Es la ley de Goodhart aplicada al registro.
La ley define el evento centinela como un suceso imprevisto que causa la muerte o un daño permanente o temporal. Al incluir el daño temporal, casi cualquier complicación podría encuadrar. Los sistemas que funcionan trabajan con listas cerradas: los never events del NHS, los eventos graves notificables del National Quality Forum o la política de la Joint Commission. La lista que se elige define lo que el sistema ve: de los 1.411 eventos centinela que revisó la Joint Commission en 2023, el 48 % fueron caídas y los quirúrgicos, alrededor del 16 %. Una ley pensada solo desde el quirófano dejaría afuera la mayor parte del daño grave. Propongo para el RUDEC una lista cerrada en nueve categorías —quirúrgicos, medicación, transfusión, perinatales, diagnóstico y seguimiento, cuidados en la internación, salud mental, dispositivos y ambiente, y hechos potencialmente delictivos— estructurada con la Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente de la OMS.
El riesgo mayor es otro. La confidencialidad que exige la ley es la de los datos personales; no impide que un juez requiera el análisis del evento ni que una querella lo use como prueba. Estados Unidos, con su ley federal de 2005, y Dinamarca, con la de 2003, protegieron expresamente la información de seguridad. En la Argentina, con alta judicialización de la práctica médica, un registro sin esa protección corre el riesgo de convertirse en fuente de prueba. La consecuencia previsible es la subnotificación y el relato cuidado: exactamente lo contrario de lo que la ley busca.

Figura 2. Registrar no es mejorar: el circuito completo de la información de seguridad.
7. Reparar sin buscar culpables
La ley declara la cultura justa, pero deja la reparación del paciente dañado en manos del juicio por culpa: para cobrar, el paciente necesita probar que alguien obró mal. Suecia, Dinamarca y Nueva Zelanda separaron dos preguntas que en la Argentina se responden en el mismo expediente: si el paciente sufrió un daño por la atención, que da derecho a una compensación rápida, y si alguien obró mal, que investigan otros organismos con otras reglas.
| EE. UU. (culpa) | Suecia | Dinamarca | Nueva Zelanda | |
| Criterio | Negligencia | Evitabilidad | Evitabilidad | Lesión por tratamiento |
| Reclamos por millón de hab./año | 200 | 1.000 | 1.330 | 2.000 |
| Costos administrativos | 54 % | 16 % | 17 % | s/d |
| Tiempo hasta la resolución | ≈ 5 años | ≈ 8 meses | ≈ 8 meses | ≈ 16 días |
Tabla. Compensación por daño asistencial. Fuente: Mello, Kachalia y Studdert, Commonwealth Fund, 2011.
Los sistemas sin culpa compensan a más pacientes, más rápido y con menos gasto en el proceso. Tienen críticas: montos más bajos, riesgo de debilitar la rendición de cuentas si la disciplina no se fortalece en paralelo, y el hecho de que no mejoran la seguridad por sí solos. En la Argentina podría pensarse de manera gradual: un fondo de compensación por evitabilidad, de adhesión voluntaria, con una prueba piloto en un subsistema con capacidad de gestión e integrado al RUDEC. Mientras tanto, cualquier institución puede iniciar un programa de comunicación y resolución como el de la Universidad de Michigan. Mientras el paciente necesite un culpable para cobrar, el sistema producirá culpables.
8. El quirófano como sistema: muchos responsables, ¿un culpable?
Un procedimiento quirúrgico atraviesa al menos diez pasos —preparación del paciente, baño prequirúrgico, profilaxis, evaluación anestésica, lista de verificación, inducción, anestesia, cirugía, recuperación y autorización de salida—, cinco o seis roles distintos y no menos de seis traspasos de información. Cuando ocurre un evento que nunca debería ocurrir, hay que distinguir dos preguntas. La responsabilidad prospectiva pregunta quién debía asegurar cada paso, y se define antes, en el protocolo y en los privilegios. La culpabilidad retrospectiva pregunta si alguien merece una sanción, y la cultura justa obliga a distinguir el error humano, que se acompaña; la conducta de riesgo, que se corrige con entrenamiento y rediseño; y la conducta temeraria, la única que justifica la vía disciplinaria.
Si el protocolo estaba escrito, ¿por qué no se cumplió? Desde la Seguridad-II y los factores humanos, el análisis debería recorrer cinco preguntas: si se conocía, incluso entre los que rotan; si era posible cumplirlo en las condiciones reales, que es la distancia entre el trabajo imaginado y el realizado y el compromiso permanente entre eficiencia y exhaustividad; si era habitual saltearlo, lo que Diane Vaughan llamó la normalización de la desviación; si alguien advirtió algo y no pudo hablar; y si el protocolo se diseñó con quienes lo usan. Un protocolo que nadie puede cumplir en las condiciones reales no es una barrera: es un documento que, después del evento, sirve para culpar a quien estaba más cerca.
9. Una ley que mira con un solo ojo
Hay un daño que la ley no ve, y no por descuido sino por construcción. Chassin y Galvin clasificaron en 1998 los problemas de calidad en subutilización, mala utilización y sobreutilización. La Ley Nicolás está construida casi por completo sobre la segunda: errores, incidentes, protocolos para ejecutar bien. Es el ojo abierto. El ojo cerrado es el de la indicación: la ley no pregunta si lo que se hizo estaba indicado, sino si se hizo bien. Pero un procedimiento innecesario ejecutado a la perfección sigue siendo un daño.
La prevención cuaternaria, propuesta por Marc Jamoulle e incorporada por la WONCA, es la acción que protege al paciente de la sobremedicalización. Tiene tres caras: el sobrediagnóstico, el sobretratamiento —la artroscopía en la rodilla degenerativa, las cesáreas sin indicación, los estudios prequirúrgicos de rutina en bajo riesgo— y la hipermedicación, con sus cascadas de prescripción. Ningún registro de eventos la ve, porque la intervención innecesaria suele «salir bien». Y una ley percibida como punitiva puede empeorarla: el 93 % de los especialistas encuestados por Studdert en Pensilvania reconoció practicar medicina defensiva. Al médico se lo juzga por lo que omitió, casi nunca por lo que hizo de más.
| Primera línea: el daño de la intervención | Segunda línea: la prevención cuaternaria | |
| Pregunta | ¿Se hizo bien? | ¿Era necesario? |
| Problema | Mala utilización: error, evento adverso, evento centinela. | Sobreutilización: sobrediagnóstico, sobretratamiento, hipermedicación. |
| Visibilidad | Alta: hay un evento identificable. | Baja: la intervención innecesaria suele «salir bien». |
| Instrumentos en la ley | Protocolos, registro, RUDEC, verificación de aptitud. | Ninguno específico. |
| Efecto de un enfoque punitivo | Subnotificación y relato defensivo. | Más medicina defensiva: más estudios, interconsultas y tratamientos. |
Abrir el otro ojo no requiere una declaración: requiere cambiar lo que se mide, lo que se paga y lo que se juzga. Indicadores obligatorios de bajo valor —polifarmacia y benzodiacepinas en mayores, antibióticos en infecciones virales, imágenes en lumbalgia sin signos de alarma, cesáreas por grupos de Robson—; conciliación y desprescripción de la medicación; la indicación y la decisión compartida como primer paso de la cirugía segura; y que no intervenir, cuando la evidencia lo respalda, sea reconocido como buena práctica. Las recomendaciones de «no hacer» deberían integrar la lex artis con el mismo peso que las de hacer.
10. Propuestas para la reglamentación
1. Simetría de consecuencias: régimen de infracciones para las instituciones que incumplan el artículo 7 o no notifiquen, con publicidad equivalente a la de las sanciones profesionales.
2. Lista cerrada de eventos centinela para todos los ámbitos, con definiciones operativas y la taxonomía de la OMS.
3. Procedimiento de notificación con plazos, contenido mínimo y responsable institucional, separando notificación, análisis y comunicación al paciente.
4. Protección jurídica de la información de seguridad, sin perjuicio del acceso del paciente a su historia clínica.
5. Protocolos con firma de factibilidad de la dirección y cláusula de desvío clínico justificado.
6. Acuerdo federal de verificación profesional en el COFESA, con reconocimiento mutuo entre jurisdicciones.
7. Financiamiento de la capacitación y la simulación, con previsiones para los profesionales que no son empleados.
8. Incentivos por calidad: aranceles diferenciados para instituciones certificadas y con resultados verificables.
9. Gradualidad y coherencia del Estado como financiador y prestador.
10. Prevención cuaternaria con mecanismos y reconocimiento de la decisión fundada de no intervenir.
11. Compensación sin culpa explorada mediante un fondo por evitabilidad con prueba piloto.
12. Metas de reducción del daño evitable por problema y por servicio, valorando el aumento de las notificaciones en los primeros años.
Conclusión: registrar no es mejorar
La Ley Nicolás es un avance y merece discutirse, difundirse y defenderse. Pero se la defiende mejor discutiendo su diseño que celebrándola sin examen. En un sistema complejo, adaptativo y disipativo, una norma no se aplica sobre un objeto inerte: los actores reaccionan. Si notificar expone, se notificará menos. Si el protocolo se vuelve prueba de culpa, se escribirá para el juez y se firmará para la auditoría. Si cumplir cuesta y no paga, se cumplirá en el papel. Ninguno de esos efectos es inevitable, pero todos son previsibles.
Notificar un evento sin investigarlo es burocracia; investigarlo sin cambiar nada es un rito; cambiar el protocolo sin dar los recursos para cumplirlo es trasladar el problema al próximo equipo de guardia. Una ley que exige el primer eslabón sin asegurar los demás produce datos, no seguridad. La pregunta que deberían hacerse quienes la reglamenten es la misma que debería hacerse cualquier equipo después de un evento grave: no quién falló, sino qué condiciones hicieron probable la falla y quién tiene el poder de cambiarlas. La respuesta, casi siempre, está más arriba en la organización que el profesional que estaba junto al paciente.
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La versión extensa de este análisis, «La Ley Nicolás bajo examen», contiene la bibliografía completa organizada por tema.