La interrupción legal del embarazo, el día después.

Carlos Alberto Díaz. Profesor Titular Universidad ISALUD.

Resumen:

La interrupción legal del embarazo en Argentina se promulgará en el transcurso de este año, pero debemos actuar en el día antes y el después, ¿de que forma, hacerlo?. debemos fortalecer: la atención primaria de la salud en la consejería y oferta efectiva de métodos anticonceptivos, formar redes de atención, fortalecer la educación en las escuelas, en los ámbitos sociales, en los espacios colectivos, en los estadios deportivos, en todas las latitudes, prevenir las enfermedades de transmisión sexual y permitir la libertad de los que no están de acuerdo con esta práctica, tanto en lo profesional, como en lo institucional, sin limitar el ejercicio del derecho promulgado en la ley. Contener psicológicamente a las mujeres que decidan interrumpir el embarazo. Controlar el uso de misoprostol o de los métodos invasivos, por parte del control de los médicos ginecólogos. 

Hipótesis:

¿Se debe considerar el aborto legal expresión de autonomía reproductiva?

¿Pocas cosas son las que cambiarán una vez aprobada?

Cabría preguntarse si la interrupción legal del embarazo es expresión de la libertad necesaria,  para consagrar autonomía reproductiva de las mujeres y ejercicio de un derecho o es la sumatoria del fracaso de las políticas de prevención del embarazo no deseado, de los procesos de planificación familiar, de la educación sexual, de la conformación de las familias, de la deserción escolar, de la violencia de género y de la falta de acceso a la atención primaria de la salud o fallas en su prestación.

Después de su aprobación que ocurrirá a la brevedad, ¿qué es lo que cambiará?, en los derechos y las libertades desde lo fáctico, ya que las sociedades tardan en asimilar las normas, pocas cosas y se va a naturalizar la euforia en algunos y la postergación en otros.

Justificación:

El objetivo de este artículo tiene como idea fuerza: si el esfuerzo en el ILE no debería estar presente en los otros aspectos y en el seguimiento de las mujeres luego de favorecer el acceso a la atención y la medicación o dispositivos anticonceptivos posterior.

 Así mismo resultaría indispensable que primero se revele, mejore y supervise la provisión, accesibilidad, oferta, y dispensa con consejería de los métodos anticonceptivos en todos los ámbitos.

Obligando a realizar y elaborar un diagnóstico real en la oferta real de servicios en las comunas, las provincias, las obras sociales y las prepagas, de las variables e identificarlas: objeción de conciencia, conductas oportunísticas, problemas de logística, carencia de insumos, preferencia de otros métodos, población bajo cobertura. Los indicadores mediante los cuales esto se va a medir. 

El principal sesgo es creer que hay personas ‘a favor del aborto’, en circunstancia que ni siquiera a la mujer que se provoca el aborto le gusta abortar. La diferencia está en pensar que prohibiendo se soluciona el problema, o aceptar las evidencias que muestran que aumentando el acceso al aborto seguro no solo reduce el sufrimiento y la muerte, sino contribuye a reducir los abortos.

Hechos.

En Argentina, la mortalidad materna en el año 2016 fue de 3.4 cada 10 000 nacidos vivos, el 17.5% de las mismas fueron por causa de abortos[i]. Como en la mayoría de los países donde el aborto inducido es una práctica clandestina es dificultoso estimar su número real, lo que contribuye a invisibilizar la magnitud de este como problema de salud pública. Sin embargo, se estimó que en la Argentina se realizaron entre 48. 000 y 520.000 abortos en los años 2004-2005.[ii] Se estarían evitando unas 50.000 internaciones al año. Considerando la problemática del aborto en Argentina como un grave problema de salud pública cuyo contexto está marcado por la ilegalidad.

La educación sexual cuenta con una ley de aplicación obligatoria, denominada Programa de Educación Sexual Obligatoria, pero que no se aplica, que está ausente en la acción efectiva de la atención y la educación. Tampoco se ha llegado con eficacia a la provisión de métodos de planificación familiar, a pesar de la provisión gratuita, nominalizando a la población y actuando para fortalecer y ampliar su esquema decisorio.

Desde el retorno de la democracia a Argentina en 1983, el poder legislativo ha presentado más de sesenta proyectos de ley referidos al aborto. Salvo contadas excepciones, el Estado argentino no reconoce el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo. Este año, en poco tiempo se realizará desde el poder ejecutivo, el ingreso de otra ley, que muy probablemente sea sancionada, naciendo otro tiempo en la historia del país. Es un debate acallado pero que tiene historia y trayectoria.

Se considera el aborto un tema del orden de salud pública y una cuestión de justicia social (las mujeres con menores recursos son las más afectadas por las consecuencias de abortos mal realizados), como expresa gráficamente el Dr. G. Gonzalez García, si el aborto fuera cuestión de hombres ya hubiera sido sancionado.

Existe una carencia del lado de la oferta para formar equipos interdisplinarios y transdisciplinarios.

El trabajo interdisciplinario es mucho más frecuente y cotidiano en los centros de salud que en los hospitales, donde los equipos se agrupan clásicamente por servicios (conformados por profesionales de la misma profesión). El carácter interdisciplinario de los equipos de los centros de salud favorece una mirada integral y amplia del concepto de salud. La diferencia de concepciones de salud y de derechos, se ve muchas veces reflejada en las derivaciones que suceden desde el primer al segundo nivel, pudiendo significar un obstáculo agregado para el acceso a las intervenciones.[iii]

En los hospitales públicos donde esto se está realizando se observa una facilitación de la práctica, desbalanceada en cuanto a introducirse en aspectos biopatográficos de las mujeres, su entorno, en forma algo despersonalizada, como una práctica más. Ocuparse y preocuparse por los determinantes sociales, el acceso a la medicación y los métodos anticonceptivos, las acciones contra la violencia de género. En cada caso tenemos una historia social de sentidos.

Los conceptos de “mujer”, “madre”, “feto” o “persona”, no son categorías universales
ni transparentes en el ámbito del derecho, sino que, por el contrario, responden a
mecanismos de poder y de saber propios del campo discursivo jurídico. Los significantes son vida, salud y derechos.

La despenalización del aborto implica un compromiso del orden de la salud pública, una cuestión de justicia social y de derechos (a la integridad física, a la autonomía individual, al control sobre el propio cuerpo), definir la violación sexual, lo cual es complejo certificar, y además reconocerlo es causa de estigmatización, los hechos de salud que lo justifican y las malformaciones genéticas como justificaciones.

Quiero introducir el debate algo equidistante entre pañuelos verdes o azules. Desde la salud pública y no desde las creencias. Que las poseo y las practico en lo personal, pero existen decisiones de la sociedad que se deben ejercer, no desde una posición individual, sino desde la ética colectiva. Lo mismo siento con la cirugía de la reafirmación o cambio de género, sin embargo, en la institución que presido con el marco legal de referencia se han realizado. Desde 2012, el Estado debe garantizar el acceso a intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales para reafirmar el género en el que se reconocen. Debiendo colaborar con los pacientes para devolverles el bienestar.

Es muy necesaria la consolidación de proyectos educativos en sexualidad que permitan a las jóvenes evitar embarazos que no desean y puedan ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos. Además, es importante incluir acciones relativas a la sensibilización y capacitación de profesionales en las instituciones de enseñanza.

Las argumentaciones para legalizar o prohibir el aborto se convirtieron en una lucha política, ideológica y de creencias entre el conservadorismo o la derecha y la libertad de los derechos de la mujer, el feminismo, la izquierda por la otra. Entre el catolicismo, evangélicos, judíos y los ateos.  Después la objeción de conciencia personal o institucional y los que están a favor. Diversos autores coinciden como parte de la problemática señalar que el placer sensual se perfila como uno de los tabúes más sancionados por la iglesia católica. Esto tiene relación con el control de la reproducción humana, pues la sexualidad católica históricamente ha contrapuesto la reproducción al placer erótico. Como un proceso cargado de culpa.

Normativa del ILE:

Todas las mujeres derecho a recibir atención en salud en forma autónoma, sin el requisito de estar acompañado. Recibir la explicación de todos los métodos anticonceptivos, elegir el método de preferencia, ese será el mejor método, mediante una decisión compartida, recibir el apoyo y adaptaciones que se necesiten, también a vivir tu sexualidad libremente, a decidir con autonomía sobre tu cuerpo, a mantener la fertilidad, a elegir si tener hijas/os o no y a hacerte cargo de la crianza. Los métodos anticonceptivos son gratuitos en el sector público, de obras sociales o de prepagas por ley Nacional 25763.

Es un derecho de todas las personas interrumpir un embarazo cuando:

Es producto de una violación o una relación no consentida o bajo presión, incluso dentro de un noviazgo o matrimonio.

Pone en riesgo su salud física, psíquica y / o social.

Pone en riesgo su vida.

En estas situaciones es un deber de todos los servicios de salud público, privado y obras sociales garantizar:

Rapidez en la atención y en el procedimiento de interrupción del embarazo.

Confidencialidad y privacidad.

Los principios generales de la atención de la ILE incluyen:

  1. Respeto de la autonomía
  2. No judicialización
  3. Accesibilidad
  4. Confidencialidad
  5. Privacidad
  6. Celeridad
  7. Transparencia activa

En relación con la obtención del consentimiento, según los lineamientos del nuevo Código Civil se establece que:

  1. Las personas de 16 años de edad o más pueden otorgar su consentimiento de manera autónoma.
  2. Las personas entre 13 y 16 años de edad pueden brindar consentimiento para intervenciones que no representen un riesgo grave para su vida o su salud. La mayoría de los procedimientos para ILE no implican este riesgo.
  3. Las personas menores de 13 años de edad pueden brindar consentimiento junto a sus progenitores, respetando los principios de autonomía progresiva (el desarrollo en el tiempo de la capacidad para la toma de decisiones; este principio debe ser tenido en cuenta para propiciar la participación de las niñas y niños en la toma de decisiones) e interés superior de niñas, niños y adolescentes (la máxima satisfacción, integral y simultánea de sus derechos y garantías).
  4. Se debe fomentar la máxima autonomía y acompañamiento a las personas con discapacidad. Se debe prestar consideración especial a aquellas personas que tengan restricciones judiciales vigentes a su capacidad.

Finalmente, el protocolo aclara que el plazo entre la solicitud y la práctica de ILE no debería superar los diez días (siguiendo el principio de celeridad). Además, aclara que la objeción de conciencia puede ser individual, pero no institucional, y el profesional que objetara debe derivar en menos de 24h a un profesional no objetor, consignando todo el proceso en la historia clínica.

En muchos casos la interrupción del embarazo se puede llevar a cabo sin internación, pero si con supervisión, observación, control y asesoramiento de un equipo de salud, que regule y efectivice la administración del misoprostol.

Inmediatamente después de producida la interrupción, es importante solicitar y comenzar a utilizar en forma inmediata un método anticonceptivo si quiere evitar un nuevo embarazo. Las personas con discapacidad tienen el mismo derecho a acceder al ILE.

Las personas tienen derecho a tomar decisiones autónomas, sin que se interpongan opiniones o valores ajenos.

Reflexiones:

No estaremos haciendo mal la gestión de este problema, las acciones, amparándonos en las creencias personales o en las presiones que ejercen los diferentes colectivos y no nos introducimos en la cuestión de fondo.

Luego de tomar y permitir la decisión de ILE, en la actualidad existe un retraso inadmisible en la decisión y per se aumenta la posibilidad de las complicaciones. En Tucumán se procesaron a médicos que cumplieron con la ley.

Una vez que la ley se promulgue los problemas no se solucionarán, hay que evitar el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, con la práctica sexual sin protección, y que se reitere el uso del ILE, limitando su frecuencia para que no se convierta en un “método anticonceptivo” etc.

Que hacer mientras se fracasa por desconocimiento de las deficiencias de las políticas públicas en materia de educación sexual y acceso a anticonceptivos. Deficiencias que como bien expresa Mario Sebastiani son promovidas por los mismos grupos de interés que rechazan o pretenden limitar el acceso al aborto legal. “Con el excelente slogan de las dos vidas votaron la clandestinidad”[iv]

Las posturas de los grupos sociales y políticamente influyentes no están contribuyendo a mejorar la situación, no resultaría falaz o inconsistente un mejor acceso provisión de métodos de interrupción del embarazo cada año como estaríamos aumentando la libertad de las mujeres humildes que no tienen otras alternativas, esto hay que acompañarlo con más educación, más escucha y diligencia.

Si no se contrabalancea con la mejora con la indicación de anticonceptivos y planificación familiar y la disminución de los casos de reincidencia, ese sería el verdadero camino, libertad, equidad, responsabilidad, verdaderas elecciones. Si no estaremos perpetuando una conducta de albedrío sin objetivos de salud pública.

La decisión de interrumpir un embarazo implica la angustia atribuible al presunto “asesinato”. Sin embargo, hay una contradicción, porque en medio de este entramado existen también prácticas sexuales sin protección que han aumentado.

Inmediatamente de promulgar debemos medir la repercusión sistémica: Porque si no medimos la repercusión no sabremos si estamos haciendo bien las cosas.

¿Bajaran las internaciones por abortos ilegales?

¿Aumentará el consumo de anticonceptivos?

¿Disminuirá la morbilidad y mortalidad materna?

¿Se incrementará el período entre embarazos o intergenésico?

¿Disminuirá el parto de los adolescentes?

Porque disponer de una sola acción para una cuestión tan compleja propia del tejido social no continente, puede ser insuficiente.   

¿Cuántas mujeres se deprimen luego de interrumpir su embarazo? Tuvieron estas realmente la oportunidad de ejercer su libertad, o de expresar su decisión compartida.

No será también la expresión ideológica militante de la igualdad de género que no cuenta con posiciones medulares de acompañamiento y equilibrio.

Resulta curiosa la estimación que muestra que en el año 2016 los médicos generalistas o de familia han realizado de 2 a 3 veces más interrupciones legales del embarazo que los servicios de obstetricia y ginecología en los Hospitales del sector público, que estaría expresando resistencia de los especialistas hospitalarios superior a los generalistas de atención primaria

Deberíamos fomentar en otro orden de cosas las adopciones de quieran concluir su gestación y no pueden criar a sus hijos, y darles sustento hasta que puedan valerse por sí.

La función pública debe regirse por valores y criterios laicos.

Bill Clinton en campaña tuvo una frase que resume los conceptos anteriores: “El aborto debe ser legal, seguro y raro”.

Existen distintas posiciones sobre los plazos en los que se pueden realizar las interrupciones habida cuenta de que el estatuto del embrión requiere de una protección gradual e incrementa.

Fue también tomado el ILE por el oportunismo político en función de responder a los colectivos que los votan o que tienen indecisión o derivar la atención hacia este tema, sin debatir educación y deserción escolar, desempleo, recesión, falta de inversiones, e inflación.

Esta decisión fue también una tirantés más de profundización de las diferencias insalvables en la sociedad. El debate que fue muy amplio entre los que están a favor y en contra, muchos tuvieron sus momentos de fama televisiva, el debate, ya debe quedar entre los legisladores. Que se exprese la sociedad a través de los representantes.

Conclusiones:

La interrupción legal del embarazo en Argentina ocurrirá en el transcurso de este año, pero el día antes y el después debemos fortalecer la atención primaria de la salud, la educación en las escuelas, en los ámbitos sociales, en los espacios colectivos, en los estadios deportivos, en todas las latitudes, prevenir las enfermedades de transmisión sexual y permitir la libertad de los que no están de acuerdo con esta práctica, tanto en lo profesional, como en lo institucional, sin limitar el ejercicio del derecho promulgado en la ley.  

Con esta, no se romperán las barreras de fragmentación del sistema de atención porque en los hospitales públicos se practique el ILE. Se deberá permitir y expresar las objeciones de conciencia, personales e institucionales. Pero las mujeres deberán gozar de esa libertad.

Crear donde sea necesario, invertir y fortalecer la formación de equipos y servicios que traten esto interactuando entre los niveles de atención, en la continuidad de cuidado, en la formación continua de los profesionales para interactuar entre los que pensamos igual, entre los que piensan y actúan de forma diferente. es indispensable la sensibilización y capacitación de los equipos, para permitir revisar posturas ideológicas, prácticas, y diseñar estrategias de trasformación. La mejora en esta práctica es fundamental para una mejora en la calidad de atención de la salud. En esta misma línea, seguimos trabajando con capacitación continua y fortalecimiento de los equipos para seguir mejorando el acceso a una práctica que todavía tiene poca difusión y aun menor visibilización.

Existe una historia profunda detrás de la interrupción del embarazo, es una circunstancia en la vida reproductiva, y la decisión debe ser personal, pero informada, apoyada, acompañada y asesorada, no vivirla como un drama que conmociona y desestabiliza sino como la oportunidad para que, a partir de un hecho adverso, de reafirmar su autonomía y aumentar la cultura de los cuidados personales, de salud.


[i] Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Estadísticas e información en salud. Estadísticas vitales. Información básica 2016. Serie 5 N° 60. En: http://www.deis.msal.gov. ar/wp-content/uploads/2018/06/Serie5Nro60.pdf; consultado febreo 2020

[ii] Mario S, Pantelides EA. Estimación de la magnitud del aborto inducido en la Argentina. Notas de Población 87. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe; 2009: 95-120.

[iii] Chiavarelli J. Pistani ML. Moisés S. Báez Rocha SM. Knopoff EG. Interrupción legal del embarazo en un hospital público y su área programática. Medicina (Buenos Aires) 2020, 80.1-9

[iv] Sebastiani M. 2017. Aborto Legal y Seguro.

Publicado por saludbydiaz

Especialista en Medicina Interna-nefrología-terapia intensiva-salud pública. Director de la Carrera Economía y gestión de la salud de ISALUD

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