¿A quién beneficia la desinformación y a quién le conviene la opacidad de los datos sanitarios?

Dr. Carlos Alberto Díaz

Gerente Médico, Sanatorio Sagrado Corazón (OSECAC)

Director, Especialización en Economía y Gestión de la Salud — Universidad ISALUD

Agosto de 2026

Nota de continuidad Este documento amplía, desde una perspectiva de economía política, el análisis presentado en «La Era de la Desinformación en Salud Pública» (agosto 2026), que revisaba el Insights Report de NEJM Catalyst sobre confianza institucional. Mientras aquel documento se preguntaba cómo se gestiona la desconfianza, este se pregunta algo distinto y complementario: quién obtiene beneficios concretos —económicos, políticos o de poder de mercado— de que la desinformación circule y de que los datos sanitarios permanezcan opacos.

1. Presentación y propósito

La desinformación en salud rara vez es un fenómeno espontáneo o puramente cultural. Detrás de buena parte de los rumores, las dudas fabricadas y los vacíos de información que afectan a los sistemas sanitarios existe, con mucha frecuencia, un interés identificable: alguien vende algo, alguien evita una regulación, alguien gana una elección, alguien negocia un precio a ciegas del otro lado, o alguien retiene una renta que la transparencia pondría en riesgo.

Este documento no repite el diagnóstico ya conocido sobre los efectos de la desinformación en la adherencia clínica o en la confianza institucional. Se propone, en cambio, aplicar una pregunta de economía política elemental —¿cui bono?, ¿a quién beneficia?— a dos fenómenos que suelen analizarse por separado y que en realidad comparten una misma lógica: la desinformación activa (la difusión deliberada de contenido falso o engañoso) y la opacidad pasiva (la retención deliberada de información verdadera). Ambas son, en última instancia, formas de gestionar estratégicamente la asimetría de información en beneficio de quien la controla.

El documento está dirigido a quienes conducen sistemas y organizaciones de salud, y busca ofrecer un marco conceptual —apoyado en la economía de la información y en la evidencia empírica disponible— para identificar dónde conviene mirar cuando la pregunta no es «por qué existe la desinformación» sino «a quién le sirve que exista».

2. Marco conceptual: por qué la asimetría de información genera renta

La economía de la salud dispone, desde hace más de sesenta años, de las herramientas conceptuales necesarias para entender este problema. Kenneth Arrow, en el artículo fundacional de la disciplina publicado en 1963, advirtió que el mercado de la atención médica es, por naturaleza, un mercado de información asimétrica: el médico sabe más que el paciente, el prestador sabe más que el financiador sobre lo que efectivamente hizo, y el asegurador sabe más que el regulador sobre su propia operación. Casi una década después, George Akerlof formalizó el mecanismo general —conocido como el problema de los «limones»— mostrando que cuando una de las partes de una transacción posee información que la otra no tiene, la parte informada extrae una ventaja sistemática y el mercado en su conjunto funciona peor.

Concepto clave Donde hay asimetría de información hay poder y hay renta. La opacidad no es una falla pasajera que se corrige con buena voluntad: es, con frecuencia, el estado deliberadamente sostenido de una relación, porque favorece de manera sistemática a quien está del lado informado de cada transacción.

Este marco permite distinguir dos mecanismos que operan de manera complementaria y que estructuran las secciones siguientes de este documento:

• Desinformación activa: introducir en el sistema información falsa o engañosa que altera la decisión del receptor a favor de quien la difunde (un tratamiento no probado, una duda sobre una vacuna segura, una acusación infundada sobre una política pública).
• Opacidad pasiva: impedir que información verdadera y ya existente llegue a quien la necesitaría para decidir o para regular (el costo real de un medicamento, el resultado de un ensayo clínico, la tasa de eventos adversos de un prestador).

Ambos mecanismos comparten una misma estructura de incentivos: quien controla la información retiene una ventaja de negociación, de mercado o de poder que la transparencia eliminaría. La pregunta «¿a quién beneficia?» es, en los dos casos, la misma pregunta aplicada a dos técnicas distintas.

3. Los beneficiarios de la desinformación activa en salud

El Foro Económico Mundial, en su Global Risks Report 2026, ubicó a la desinformación entre los principales riesgos globales de corto plazo, señalando que quienes la difunden buscan beneficios financieros, políticos, físicos o socio-psicológicos, y que sus efectos moldean la política pública, el trato hacia comunidades vulnerables y el acceso a necesidades básicas. Esa caracterización general se traduce, en el campo específico de la salud, en al menos cuatro tipos de beneficiario identificables.

3.1. El beneficio comercial directo: vender lo que la ciencia no respalda

La forma más visible de beneficio es también la más simple: la desinformación en salud, a diferencia de buena parte de la desinformación política, suele tener detrás la venta directa de un producto o un servicio. La evidencia académica reciente documenta el caso de personas influyentes sin formación médica que promueven ante millones de seguidores alternativas no probadas a tratamientos con respaldo clínico —por ejemplo, sustitutos de la anticoncepción hormonal—, generando ingresos por publicidad, afiliación comercial o venta directa de suplementos y productos de bienestar.

Los jóvenes, por su exposición desproporcionada a estas plataformas, constituyen la población de mayor riesgo frente a este tipo de desinformación con fines de lucro, lo que convierte a la llamada «industria del bienestar» (wellness) en un beneficiario económico directo y creciente de la erosión de la confianza en la medicina basada en evidencia.

3.2. El beneficio de la duda organizada: la estrategia del tabaco aplicada a la salud

Un segundo tipo de beneficiario no vende un producto alternativo, sino que protege un producto existente retrasando su regulación. El caso mejor documentado es el que Naomi Oreskes y Erik Conway describieron en Merchants of Doubt: la industria tabacalera, ya en la década de 1950, financió investigación paralela y utilizó voceros científicos con apariencia de independencia para sembrar dudas sobre el vínculo entre el tabaco y el cáncer, retrasando durante décadas la regulación que la evidencia ya justificaba.

La duda es nuestro producto, ya que es el mejor medio de competir con el cuerpo de hechos que existe en la mente del público general. — Memorando interno de la empresa tabacalera Brown & Williamson, citado en Merchants of Doubt

Los propios autores documentan que esta estrategia —que denominan la «estrategia del tabaco»— no quedó confinada a esa industria: el mismo repertorio de tácticas (financiar estudios propios, reclutar voceros con apariencia de neutralidad, exigir «más tiempo de estudio» antes de actuar) fue reutilizado en debates posteriores sobre el amianto, la lluvia ácida, los retardantes de llama y el cambio climático. Un modelo formal desarrollado por Weatherall, O’Connor y Bruner (Universidad de California, Irvine) muestra, además, que esta estrategia puede ser efectiva incluso cuando los responsables de política actualizan racionalmente sus creencias frente a toda la evidencia disponible: no hace falta que el público sea crédulo para que la duda organizada funcione, alcanza con financiar selectivamente la investigación y difundir con insistencia sus resultados favorables.

Aplicación al campo de la salud El mismo patrón se reconoce en episodios más recientes de la industria alimentaria (financiamiento de estudios que relativizan el vínculo entre azúcar y obesidad) y de ciertos segmentos de la industria farmacéutica (retraso en la publicación de resultados desfavorables de ensayos clínicos, tratado en la sección 5). El beneficiario no necesita fabricar una mentira explícita: alcanza con financiar y amplificar selectivamente la incertidumbre real que toda ciencia contiene.

3.3. El beneficio de la economía de la atención: las plataformas digitales

Un tercer beneficiario no promueve ningún contenido específico, sino que se beneficia estructuralmente de que circule cualquier contenido capaz de retener la atención, sea verdadero o falso. La evidencia disponible desde la pandemia de COVID-19 mostró que las noticias falsas se comparten con mayor intensidad que las verdaderas —hasta el doble, según estudios citados por la Organización Panamericana de la Salud— debido al componente emocional que las acompaña, y que los algoritmos de personalización, al ajustar los contenidos mostrados al historial de interacción de cada usuario, refuerzan el sesgo de confirmación y la polarización informativa.

Esta dinámica constituye lo que la Organización Mundial de la Salud denominó, desde 2020, una «infodemia»: una sobreabundancia de información —verdadera y falsa mezclada— que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables cuando las necesitan. El modelo de negocio de las plataformas, basado en maximizar el tiempo de permanencia y la interacción (engagement) antes que la exactitud del contenido, convierte a los propios sistemas de distribución de información en un beneficiario pasivo pero sistemático de la desinformación en salud, en la medida en que el contenido falso o alarmante genera, en promedio, más interacción que el contenido preciso y matizado.

Un estudio publicado en PMC sobre la economía política del «lucro digital» de los movimientos antivacunas reconstruyó las redes de infraestructura de comunicación de 59 grupos dedicados a difundir desinformación sobre programas de vacunación, mostrando que su capacidad de sostenerse en el tiempo depende de la infraestructura de monetización de las propias plataformas —publicidad programática, membresías, donaciones— y que, por esa razón, algunos organismos de control recomiendan la desmonetización como estrategia específica para reducir este tipo de desinformación, más eficaz en ciertos casos que la moderación de contenidos.

3.4. El beneficio político: la desconfianza institucional como recurso

Un cuarto beneficiario es de naturaleza política antes que comercial. La propia Organización Mundial de la Salud distingue la desinformación (información falsa difundida sin intención de engañar) de la desinformación deliberada o disinformation, que definió como diseñada específicamente para sembrar discordia y desconfianza hacia funcionarios públicos, la comunidad científica y las agencias de salud pública, frecuentemente con fines personales, financieros o políticos, y que puede utilizarse para estigmatizar a minorías y profundizar la polarización social.

La literatura académica reciente documenta que, en determinados contextos políticos, cuestionar la legitimidad misma de conceptos como «desinformación» —presentándolos como herramientas de censura antes que como categorías técnicas— se ha convertido en un objetivo explícito de ciertas agendas de reforma regulatoria, bajo el argumento de la libertad de expresión. Con independencia de la valoración que merezca ese debate —que excede el propósito técnico de este documento—, el punto relevante para la gestión sanitaria es que la desconfianza hacia las agencias de salud pública no es únicamente un efecto colateral no deseado de la política: en ciertos contextos, es un resultado buscado, porque debilita la capacidad regulatoria del Estado sobre industrias o actores a los que esa regulación afecta.

Por qué esto importa para la conducción sanitaria Cuando la desconfianza institucional beneficia a un actor político o económico, ese actor no tiene incentivos para colaborar en su reducción, y una estrategia de comunicación de riesgo diseñada solo para «corregir la información» subestima la naturaleza del problema. El documento previo de esta serie (agosto 2026) describió el desplazamiento de la confianza desde el nivel nacional hacia el subnacional cuando el primero se erosiona; esta sección agrega que ese desplazamiento no siempre es un accidente de la comunicación, sino en ocasiones un resultado deliberadamente perseguido.

4. Síntesis: cuatro lógicas, cuatro beneficiarios

El siguiente cuadro resume los cuatro mecanismos identificados, el tipo de beneficio que persiguen y el actor que típicamente lo obtiene, con un ejemplo documentado en cada caso.

Mecanismo	Beneficio buscado	Beneficiario típico	Ejemplo documentado
Venta directa de alternativas no probadas	Ingresos comerciales inmediatos	Influencers, industria del bienestar	Sustitutos no probados de la anticoncepción hormonal en redes sociales
Duda organizada sobre evidencia existente	Retraso regulatorio, protección de mercado	Industrias reguladas (tabaco, alimentos, ciertos segmentos farmacéuticos)	Estrategia del tabaco (Oreskes y Conway) replicada en otros sectores
Maximización del engagement	Ingresos publicitarios y de monetización	Plataformas digitales y redes de infraestructura de contenido	Viralización 2× de noticias falsas frente a verdaderas (OPS)
Erosión de la confianza institucional	Debilitamiento de la capacidad regulatoria del Estado	Actores políticos e industrias afectadas por regulación	Cuestionamiento de las categorías de desinformación en ciertas agendas de reforma

Elaboración propia sobre la base de World Economic Forum (2026), OMS, OPS, Oreskes & Conway (2010) y literatura citada en la sección 3.

5. La opacidad de los datos sanitarios: ¿a quién le conviene?

Si la desinformación es la introducción activa de contenido falso, la opacidad es su contracara pasiva: la retención deliberada de datos verdaderos que, de hacerse públicos, alterarían el equilibrio de poder en una negociación o en un mercado. A diferencia de la desinformación, la opacidad no requiere mentir; alcanza con no informar, y ese silencio suele estar tan deliberadamente sostenido como cualquier campaña de desinformación activa.

5.1. El caso de los precios de medicamentos

El ejemplo más estudiado de opacidad deliberada en salud es la confidencialidad de los precios reales de los medicamentos que los laboratorios negocian con cada sistema de salud nacional. La industria farmacéutica argumenta habitualmente que sin confidencialidad los precios tenderían a igualarse hacia un valor único, perjudicando el acceso en los países de menores ingresos; sin embargo, un estudio de la Comisión Europea de 2015 concluyó que la confidencialidad no abarata los medicamentos y que, si los Estados miembros compartieran esta información, el costo de los fármacos financiados podría descender de manera significativa.

En mayo de 2019, la Organización Mundial de la Salud aprobó la Resolución WHA72.8, que estableció explícitamente que la transparencia de precios no debilita la posición negociadora de los Estados sino que la refuerza, porque reduce la asimetría informativa entre la administración pública y la industria. La formulación de esa resolución es, en sí misma, la respuesta a la pregunta que da título a este documento:

La opacidad no protege al Estado; protege a quien tiene más información, que son las empresas farmacéuticas, que conocen los precios que cobran en todos los países. — Resolución WHA72.8, Organización Mundial de la Salud (2019)

Mientras las multinacionales conocen el costo real de cada medicamento en todos los mercados donde operan, la opacidad actual obliga a que cada administración pública negocie de manera prácticamente aislada, sin poder comparar el precio que le ofrecen con el que el mismo laboratorio acordó en la jurisdicción vecina. La asimetría no es un efecto no deseado de la negociación: es, en la práctica, su condición de posibilidad para la parte informada.

5.2. El caso de los ensayos clínicos no publicados

Un segundo caso, con implicancias directas sobre la seguridad clínica, es la publicación selectiva de los resultados de ensayos clínicos. La evidencia recopilada por organizaciones especializadas en transparencia farmacéutica muestra que algunas empresas han litigado activamente contra agencias reguladoras —como la Agencia Europea de Medicamentos— para impedir la publicación de informes completos de ensayos clínicos, argumentando razones de confidencialidad comercial o de protección de datos de pacientes, argumento que los propios reguladores han considerado subsanable mediante la eliminación de un número limitado de datos, sin necesidad de ocultar el informe completo.

La asimetría resultante no afecta solo al regulador: la literatura especializada señala que también debilita la eficiencia del mercado de capitales, porque los inversores no pueden evaluar de manera confiable el potencial real de un medicamento en desarrollo si desconocen si existen datos desfavorables no publicados. En este caso, la opacidad beneficia simultáneamente al laboratorio que evita la divulgación de resultados adversos y, en el corto plazo, a los inversores mejor conectados con información privilegiada sobre esos mismos resultados.

5.3. El caso de la interoperabilidad y los datos clínicos

Un tercer nivel de opacidad, más cercano a la operación cotidiana de los sistemas de salud, es la fragmentación deliberada o inercial de los datos clínicos y de costos entre prestadores, aseguradores y reguladores. Como señala un análisis reciente sobre interoperabilidad en salud, el prestador que cobra un precio determinado sabe que el pagador no puede compararlo fácilmente con lo que cobran otros prestadores por el mismo servicio; esa ventaja informativa desaparece exactamente en la medida en que los sistemas se vuelven interoperables.

Concepto clave La transparencia no es neutral: redistribuye poder. Se lo quita a quien lo tiene por estar del lado informado de una transacción y se lo da a quien, sin esa información, no puede negociar, regular ni decidir en igualdad de condiciones. Por esta razón, la resistencia a la interoperabilidad y a la publicación de datos no debe interpretarse automáticamente como incapacidad técnica: con frecuencia es, para quien la sostiene, una decisión racional.

Esta lectura tiene una implicancia directa para la sección 6 del documento previo de esta serie, que señalaba el déficit de capacidad epidemiológica propia de las provincias argentinas como una debilidad técnica. El marco de este documento agrega una segunda lectura, no excluyente: ese mismo déficit de información, cuando no se corrige, también beneficia sistemáticamente a quien sí dispone de datos propios completos —típicamente, actores privados con mayor capacidad de sistematización que el propio Estado provincial— en cada negociación de precios, cada auditoría de prestación y cada discusión de cobertura.

6. La otra cara: quién paga el costo

Todo beneficio identificado en las secciones anteriores tiene una contracara de costo, que rara vez recae sobre quien obtiene el beneficio. Cuatro actores concentran, de manera desproporcionada, ese costo:

• Los pacientes, que toman decisiones de tratamiento sobre la base de información incompleta o falsa, y que en los casos de mayor gravedad —el resurgimiento de enfermedades prevenibles por vacunación, documentado como una de las principales preocupaciones de salud pública para 2026 por especialistas de la UCLA— pagan ese costo con su propia salud.
• Los equipos clínicos, que —como documentó el Insights Report de NEJM Catalyst analizado en el documento previo de esta serie— absorben el costo organizacional de mediar entre información contradictoria y la angustia de sus pacientes, con niveles de estrés que el 46% de las organizaciones estadounidenses relevadas calificó de altos.
• Los sistemas públicos de salud, que negocian precios de medicamentos y tecnologías sin la información que sí poseen sus contrapartes privadas, y que destinan recursos crecientes a corregir en la etapa de comunicación un problema que se originó, en muchos casos, en un déficit de transparencia o de capacidad de datos previo.
• La confianza institucional en su conjunto, que —como advierte el propio informe del Foro Económico Mundial— actúa como un riesgo sistémico capaz de agravar todos los demás riesgos sanitarios y sociales, precisamente porque su erosión beneficia a actores puntuales mientras el costo se distribuye sobre el conjunto del sistema.

7. Relevancia para la conducción sanitaria de las provincias argentinas

El marco de este documento tiene implicancias prácticas y no solo analíticas para un ministerio de salud provincial. En primer lugar, permite distinguir, frente a cada episodio de desinformación, si se trata de un fenómeno espontáneo —abordable con comunicación de riesgo— o de una campaña sostenida por un beneficiario identificable, que requiere, además de comunicación, una respuesta regulatoria o de negociación específica sobre el incentivo económico subyacente.

En segundo lugar, orienta la agenda de transparencia activa de la provincia hacia los puntos donde la opacidad tiene mayor costo de oportunidad: la negociación de precios de medicamentos y tecnología sanitaria de alto costo, la interoperabilidad de los sistemas de información entre subsectores público, de obras sociales y privado, y la publicación sistemática de indicadores de resultados que hoy dependen, en la mayoría de las jurisdicciones, de la buena voluntad de cada prestador para ser reportados.

En tercer lugar, reafirma —desde una lógica distinta a la del documento previo— la prioridad de construir capacidad epidemiológica y de datos propia en cada provincia. No se trata solo de una debilidad técnica a corregir por su valor instrumental para la gestión: mientras esa capacidad no exista, la provincia permanece estructuralmente del lado no informado de cada negociación con actores que sí disponen de sus propios datos completos, con la desventaja de poder de mercado que ese lugar implica.

8. Recomendaciones para la conducción sanitaria

• Distinguir, en cada episodio de desinformación relevado, si existe un beneficiario económico o político identificable detrás de su circulación, y no tratar todos los casos como si fueran igualmente espontáneos.
• Priorizar la transparencia activa de precios y condiciones de compra de medicamentos y tecnología sanitaria como política de Estado provincial, en línea con la Resolución WHA72.8 de la OMS, en lugar de aceptar la confidencialidad como condición no negociable de la negociación con la industria.
• Exigir, en las compras y coberturas provinciales, evidencia de resultados de ensayos clínicos completos y públicos, y no solo la evidencia parcial que cada proveedor decide divulgar.
• Invertir en interoperabilidad de los sistemas de información entre prestadores, financiadores y el propio ministerio, entendiendo que esa inversión redistribuye poder de negociación hacia el sector público.
• Articular con sociedades científicas y colegios profesionales —identificados en el documento previo de esta serie como la fuente de mayor confianza relativa— para exponer públicamente los casos en que exista evidencia de financiamiento o promoción interesada detrás de una campaña de desinformación específica.
• Incorporar la pregunta «¿a quién beneficia?» como paso explícito en el protocolo de respuesta ante episodios de desinformación, junto con el habitual «¿qué información correcta debemos comunicar?».

9. Conclusión

La desinformación en salud y la opacidad de los datos sanitarios comparten una misma estructura económica: ambas son, con enorme frecuencia, decisiones racionales de un actor que obtiene una ventaja de mercado, de negociación o de poder político mientras el costo se distribuye sobre pacientes, equipos clínicos y sistemas públicos que no participan de ese beneficio. Kenneth Arrow lo advirtió en 1963 sobre la asimetría médico-paciente; George Akerlof lo formalizó en 1970 sobre los mercados de información imperfecta; y la evidencia reunida en este documento —desde la industria del bienestar hasta la confidencialidad de los precios de medicamentos— muestra que ese principio general atraviesa, sesenta años después, cada uno de los niveles del sistema de salud.

Para la conducción sanitaria, la conclusión práctica es que la transparencia no es solamente un valor ético para proclamar, sino una herramienta de redistribución de poder que se puede y se debe gestionar de manera activa. Preguntar, ante cada episodio de desinformación o cada negociación opaca, «¿a quién beneficia que esto siga así?» es, probablemente, la pregunta de gestión más simple y eficaz de la que dispone un ministerio de salud para decidir dónde invertir sus recursos regulatorios.