Las tecnologías contribuyen a la equidad mejorando la calidad de vida de las personas, curando algunas enfermedades, previniendo otras y no produciendo una erogación que afecte la subsistencia familiar o la sustentabilidad del tercer pagador. Esto se logra Decididamente si el acceso a estas tecnologías no depende de su capacidad de pago, y que su valor una vez que se decide su cobertura e inclusión, se negocie de modo tal, con los que ostentan la patente, no provoquen sacrificios de gastos por encima de las proyecciones de la carga sanitaria de un país. Este concepto obliga asimismo que desarrollemos políticas de prescribir adecuadamente, difundir las evidencia científicas independiente, mejorando la gobernanza y desinvertir en prácticas de bajo valor. La definición de equidad en salud de la Organización Mundial de la Salud es: la ausencia de diferencias injustas evitables o remediables en salud entre grupos de población definidos social, económica, demográfica o geográficamente La equidad es un concepto complejo, porque está relacionado con la justicia, igualdad, la necesidad y la libertad, en relación con la configuración del estado, la sociedad, la política económica, social, la fortaleza de las instituciones y la ciudadanía, instrumentadas por diferentes políticas sociales, la innovación aplicada en la salud es un aspecto esperanzador, al mismo tiempo es vista como un factor de aumento de los costos e inflacionario, y no como un instrumento para intervenciones tendientes a crear nuevas soluciones para reducir la desigualdad injusta y evitable. Esto genera preocupaciones crecientes donde la equidad es central. Por lo tanto, no se pueden subordinar los principios distributivos al del mercado, porque debemos impulsar una igualdad más allá de lo formal, por otras de oportunidades y de resultados de acuerdo con las necesidades heterogéneas y diferénciales. Para ello conocer el estado de salud de la población, la asistencia sanitaria y la asignación global de recursos. El debate sobre el valor de una innovación tecnológica aplicada, debe incorporar a la evidencia de la evaluación económica, como contribuye esta tecnología a la equidad. El propósito no pasa por inhibir el cambio tecnológico, por son respuestas equivocadas a la creciente desigualdad. Por el contrario, «son las políticas educativas, sociales, redistributivas e inclusivas las que deben asegurar que las ganancias económicas derivadas de dichos procesos se repartan equitativamente».
Exige que miremos al futuro aumentando las evaluaciones y la penetración en la sociedad postergada de la prevención, y la calidad, vía organización, información, acreditación e inversiones, pero que también revisemos lo realizado, recordando adonde nos llevó, dejando que la atención depende en alguna medida, más o menos incidentalmente del mercado.
La necesidad de un enfoque sistémico en la salud pública se ha puesto de relieve por la reciente irrupción de la pandemia de COVID-19, que ilustró la fuerte interconexión de los sistemas sociales, incluidos el sistema de salud, el empleo, la vivienda, la salud pública, el sistema alimentario y los sistemas educativos, que se cruzan y pueden tener efectos dominó de un sector a otro.
Un sistema de salud con impedimentos en el aseguramiento de la calidad, o de acceso basados en la riqueza violan los principios éticos de la justicia, que exige una asignación justa de los recursos, y la beneficencia, que exige ayudar a los necesitados. Asignar es más fácil que medir los beneficios, y muchas de las acciones en las últimas décadas asignaron sin orientar los programas en salud, para que sinergicen, funcionen en red y estén nominalizados.
El impacto potencial de una política para promover la equidad en salud depende tanto del diseño como de su implementación, lo que requiere una evaluación continua y la participación de las partes interesadas. A pesar de la importancia de las políticas de salud en la configuración de la salud pública, la ciencia de la implementación de políticas de atención médica sigue estando ausente.
Las decisiones de las prepagas u obras sociales sobre qué servicios cubrir pueden introducir otra fuente de inequidad en el acceso. Tales decisiones a menudo se basan en que la recaudación no cubre el costo de la canasta de prestaciones del programa médico obligatorio, que no se evalúan cuantitativamente los costos y los beneficios esperados de las nuevas intervenciones para ser autorizadas, adicionando costos sin utilidad. Por ello, debe existir una decisión de evaluar las tecnologías sanitarias. La evaluación de la tecnología sanitaria es un proceso multidisciplinario sistemático que tiene como objetivo examinar los beneficios y riesgos asociados con su uso, incluidos los impactos médicos, sociales, económicos y éticos. Se debería utilizar para informar los planes de salud, en las decisiones políticas y optimizar la toma de decisiones, la cobertura, el acceso y la calidad.
Los modelos de decisión basados en la eficacia y seguridad pueden parecer objetivos, pero cuando no tienen en cuenta los factores que afectan a las poblaciones económica y socialmente desfavorecidas, pueden promover un sesgo en la cobertura. Esto se traduce en forma categórica con el aumento de la desigualdad, expresada en la disminución de la expectativa de vida en las poblaciones postergadas inclusive dentro de la misma ciudad, y el incremento de los años de vida potencialmente perdidos, incentivados por un índice de Gini por encima de 0,45. Para disminuir la pérdida de oportunidad, y las ya perdidas, que aún podemos recuperar el sistema de salud debe aprender basado en los resultados de salud esperados, en las políticas que tengan evidencias, en diseñar estrategias de implementación, medir los resultados de la implementación, los socios estratégicos y los resultados, evaluar final y centralmente las políticas de implementación basadas en la evidencia. Cada una de las tecnologías, sugieren soluciones diferenciadas, innovadores, con decisión y exenta de compromisos.

Reconociendo que la implementación efectiva de políticas de salud requiere la agregación de acciones separadas de las partes interesadas, identificaría a las partes interesadas de múltiples niveles para comunicar objetivos, garantizar la disponibilidad de recursos, identificar a los implementadores de políticas clave, gestionar conflictos y cooperación, y sostener cambios en las políticas y en los políticos, o sea que se convierta en una política de estado. Erradicar el sesgo que tienen los implementadores de políticas por el desdén al impacto presupuestario que estas puedan generar, porque estos tiempos exigen pensar fuertemente en la eficiencia para ser justos, en eliminar costos que no agreguen valor. Entendiendo que muchas de las acciones no serán voto efectivas, porque su impacto se evaluará con el tiempo y el logro de adherencia.
La recomendación de tratamiento en este proceso de toma de decisiones compartida se basa en el rendimiento de las opciones de tratamiento (es decir, qué tan bien cumple cada opción de tratamiento cumple con los criterios de decisión especificados) frente a 4 criterios que reflejan las siguientes dimensiones de valor: costo (costos de bolsillo), seguridad (perfil de seguridad del medicamento), beneficio clínico (cuantificación de la reducción del riesgo de cáncer o efectividad en la curación) y equidad (impacto del tratamiento en la equidad en la salud).
Estos criterios se definen de la siguiente manera:
- Gastos de bolsillo: Copago mensual. Este criterio se mide en una escala cuantitativa y debe minimizarse (es decir, cuanto menores sean los costos de bolsillo, mejor).
- Perfil de seguridad: Este criterio se mide en una escala cuantitativa del 1 al 5, siendo 5 el mejor. Este criterio debe maximizarse (es decir, cuanto mayor sea la puntuación, mejor).
- Cuantificación de la reducción del riesgo de cáncer o curación: Este criterio se mide en una escala cuantitativa de 0 a 100 (por ciento), siendo 100 el mejor. Este criterio debe maximizarse (es decir, cuanto mayor sea la puntuación, mejor).
- Impacto del tratamiento en la equidad en salud: En este caso, el impacto del tratamiento en la equidad en salud se captura a través de su capacidad para reducir las diferencias en términos de reducción del riesgo de cáncer entre los grupos raciales y étnicos. Este criterio se mide en una escala cualitativa (muy baja ([VL]; baja [L], justa [F], alta [H] y muy alta [VH]) y se espera que se maximice (es decir, VL es la menos preferida, mientras que VH es la más preferida).
Las tecnologías que están contribuyendo a la equidad son: las vacunas, La tecnología digital, de los sistemas de información, de la telemedicina, el almacenamiento electrónico de datos, el aprendizaje en profundidad de la salud de las poblaciones, el desarrollo de tecnología de biosimilares y genéricos, las que aumentan la precisión diagnóstica, los dispositivos para la información paramétrica de pacientes crónicos, de la promoción de la salud en el cambio de hábitos, en las tecnologías de gestión que aumenten la productividad, y la eficiencia del sector salud, de la mejora de la comunicación en salud interna y externamente, como también la enseñanza continua a los profesional, la difusión de la evidencia, y los sistemas colaborativos de inteligencia artificial.
Los modelos económicos que consideran los determinantes sociales y la salud pública harían menos probables las decisiones de cobertura inequitativa. La tecnología puede construir un sistema de atención de la salud verdaderamente igualitario y equitativo si mejoramos su evaluación, cobertura y costos.